Paulo Villalobos
La discusión sobre la metodología con la que se fijará el tope a las tasas de interés, que en este momento tiene tres opciones en la mesa, trascenderá sin que se conozca cuál es la de preferencia de la Presidencia de la República.
El mandatario Carlos Alvarado aseguró este lunes que tomó esa decisión por respeto a la Asamblea Legislativa, donde se debaten tres posibilidades de tope:
- 43%: propuesta por la Superintedencia de Entidades Financieras
- 57%: formulada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR)
- 30%: promovida por los diputados Welmer Ramos y David Gourzong
No obstante, el presidente sí adelantó que la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, será quien lleve a Cuesta de Moras la postura del Gobierno.
“Ella llevará un poco cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Nosotros más que decir ‘esta es la metodología’, lo que optamos es porque los diputados puedan llegar a ese balance de la metodología en equilibrio. Sí decir que debe regularse la usura en Costa Rica. Yo no entraré, por respeto al Poder Legislativo, a decirles ‘esta es la metodología’ o ‘esta’, porque es algo que debe construirse en los votos de la democracia propia de la Asamblea”, dijo.
Poco más de mes y medio atrás, el gobernante defendió la necesidad de encontrar “un punto de equilibrio” que proteja a los consumidores de intereses excesivos, sin que acabe por excluirlos del acceso al crédito.
En ese momento, solo estaba sobre la mesa la propuesta de Ramos y Gourzong, mientras que la Autoridad Monetaria apenas se manifestaba. Las diferencias entre ambas, motivaron a Alvarado a pedir a la Superintendencia que elaborara su propia estimación.
Controvertido debate
La fijación de un tope a las tasas de interés genera distintos criterios dependiendo de a quién se le pregunte.
Por un lado están quienes dicen que la medida liberaría recursos para que los consumidores puedan utilizarlos; para otros, es un mecanismo que reduce el acceso al crédito bancario y conduce a que algunas personas recurran al mercado negro de financiamientos.
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Por eso, la discusión sobre el concepto de “usura” se ha extendido por años una década en el Congreso, mediante seis proyectos de ley distintos.
El fin de toda la discusión es definir un límite a partir del cual sería un delito cobrar intereses. Esto se vuelve necesario para aplicar el Código Penal y sancionar abusos, especialmente en mercados no regulados.
Sin embargo, lo que no está claro es cuál debe ser la metodología.
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Algunos métodos los han tratado establecer a partir de los costos que tienen los bancos, más un rango razonable de utilidades, mientras que otros proponen prohibir los valores extremos de los créditos que se cobran en el mercado actualmente, para evitar una verdadera exclusión de personas del sistema financiero.
También hay propuestas que se han concentrado en lo que pueden pagar los consumidores, para evitar que se endeuden a tasas nocivas.
Propuesta del 43%
La Superintendencia de Entidades Financieras aboga por establecer el tope a partir de los costos de los bancos, llegando a una tasa máxima «admisible» a partir de la cual se empezaría a considerar usura
Esto alcanzaría 43% al sumar los siguientes porcentajes:
- Costo financiero, es decir lo que le cuestan las captaciones del público incluyendo el encaje mínimo legal
- Costo administrativo, incluyendo los salarios de analistas y técnicos en crédito
- Un margen de ganancia moderado
- Finalmente el componente más complejo sería la pérdida esperada, relacionada con la morosidad y las pérdidas que acarrean los consumidores más riesgosos
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Propuesta del 57%
En realidad, más que fijar una tasa como tal, el Banco Central lo que propuso fue excluir los valores extremos o «atípicamente» altos que se encuentran en el mercado, algo que se puede hacer con dos cálculos diferentes.
Bajo un método, ordenan de mayor a menor todos los datos de los créditos que se encuentran en el mercado y excluyen los que tienen tasas entre el 2,5% más altas de esta distribución.
Esto establecería un límite del 51% al calcular el promedio para todos los meses del periodo entre enero 2014 a diciembre 2018, durante el cual se formalizaron más de un millón de créditos de consumo o tarjetas por montos bajos y plazos cortos.
Sin embargo, bajo otro método, encuentran que los valores extremos tienen un promedio de 63%, al calcular más bien las tasas que se alejan del promedio en más de dos desviaciones estándar.
De ahí sacan la tasa de 57% que se ha citado, que sería el punto medio del 51% y del 63% que dan estos dos métodos.
En una entrevista con este medio, publicada el 23 de diciembre de 2019, el presidente de la Autoridad Monetaria, Rodrigo Cubero, se mostró anuente a una tasa de usura del 43%, si se incluyera un pequeño “colchón” con el que se tomarían en cuenta los gastos administrativos. Eso llevaría la nueva cifra de 45%.
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Propuesta del 30%
Por el momento, la moción liderada por Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN), es la que obtuvo la aprobación de la Comisión de Asuntos Hacendarios, aunque todavía se puede cambiar vía moción.
Esta estipulaba que el tope no podrá superar por 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional, es decir, una cifra cercana al 30% en este momento.
La idea de este sería fijar un límite máximo que proteja a los consumidores, evitando que más bien se excluyan del sistema formal al caer en mora por prestamos que no tienen capacidad de pagar.
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Paulo Villalobos
