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Asesor presidencial “ajeno a UPAD” accedió a información detallada de familias y beneficiarios de becas

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Tiempo de Lectura: 4 minutosCasa Presidencial, a través de un asesor presidencial, tuvo acceso a información detallada tanto de familias como de beneficiarios del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), mediante datos registrados en el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Así consta en el oficio Sinirube-321-12-2018 en el que Erickson Álvarez, Director Ejecutivo del Sinirube, responde a la petición realizada por Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado.

El Departamento de Prensa de Casa Presidencial detalló que Santiago Álvarez Ovares labora en el despacho del mandatario desde el 31 de mayo de 2018.

Sus funciones se relacionan con el asesoramiento en temas sociales, deportivos y de seguridad.

¿Cuál información obtuvo?

En Presidencia se indicó que la información solicitada por Álvarez Ovares fue anonimizada a través del oficio DP-0182-2018 del 15 de noviembre de 2018.

En ese momento, Álvarez Ovares pidió a María Fullmen Salazar, entonces presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), datos contenidos en Sinirube de personas con edades entre 18 a 44 años.

Allí solicitó variables como sexo, estado civil, nacionalidad, tipo de vivienda, ingresos y beneficios sociales, situación de empleo, entre otros. En ese momento, adujo que los datos eran requeridos para una estrategia de empleabilidad.

“La información se solicitó anonimizada, es decir sin nombres ni números de cédula, ni ningún dato que permitiese identificar a personas específicas”, indicó Presidencia.

Sin embargo, cinco días después en el oficio DP-0197-2018 del 20 de noviembre de 2018, también dirigido a la exjerarca de IMAS, hace otra petición de datos.

OBSERVE MÁS: Caso UPAD: Sinirube transfirió datos sensibles a asesor presidencial sin convenio de confidencialidad.

“Le solicito de manera atenta y respetuosa nos suministre la base de datos del Sinirube de las personas beneficiarias del programa de becas de Fonabe contemplando las siguientes variables:

Nombre completo del padre, madre y/o encargado, número de cédula, teléfonos, nombre completo del beneficiario, número de cédula, ubicación, zona, código de persona, relación con el jefe o jefa de hogar, sexo, estado civil, nacionalidad, nivel educativo, centro educativo y edad”, señala lo solicitado.

“Adicionalmente, se requiere información sobre el programa: nombre de la institución, programa social y el beneficio que cada persona registrada recibe, la descripción del pago por monto y fecha de los pagos o transferenicas y la fuente de financiamiento”, agrega la solicitud de Álvarez Ovares.

En tanto, Viviana Boza, jefa del Despacho de Fullmen, pidió a Erickson Álvarez el 3 de diciembre de 2018, trasladar los datos al asesor en los tres días hábiles siguientes.

Así las cosas, el Director Ejecutivo de Sinirube trasladó el 14 de diciembre de 2018 la información detallada.

“No omito manifestar que por lo sensible de la información ésta debe ser resguardada por su persona con la mayor discreción para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales No. 8968”, advirtió Erickson Álvarez a Santiago Álvarez.

En el oficio Sinirube-321-12-2018, se detalla que los datos trasladados al asesor presidencial son los siguientes:
  • Identificación del hogar
  • Nombre jefe
  • Nombre completo padre, madre y/o encargado
  • Nombre completo beneficiario
  • Identificación
  • Tipo de identificación
  • Teléfono
  • Provincia
  • Cantón
  • Distrito
  • Zona
  • Código de la persona
  • Relación de parentesco
  • Sexo
  • Estado civil
  • Nacionalidad
  • Nivel Educativo
  • Asistencia Centro educativo, no se dispone del nombre del centro educativo, sino de si se da la asistencia en un centro educativo.

Con respecto de los pagos, le trasladaron la siguiente información:

  • Institución
  • Programa
  • Beneficio
  • Fecha
  • Monto
  • Fuente de Financiamiento
  • Código de persona

El asesor presidencial aseguró que la información solicitada es para la bancarización de los beneficiarios.

Mientras que, con respecto de la primera solicitud citada, Presidencia respondió a El Observador que “se solicitó con el objetivo de generar una estrategia de política pública, tal y como indicó en el oficio de solicitud DP-0182-2018”.

Casa Presidencial aseguró que Álvarez Ovares no formó parte del equipo de análisis de datos ni de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Álvarez Ovares tuvo acceso a la información sin un acuerdo de confidencialidad. Se desconoce si los datos continúan en poder del asesor.

El miércoles anterior durante la audiencia de Erickson Álvarez, Director Ejecutivo de Sinirube en la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), se negó a responder a los diputados el motivo por el cuál dio acceso a datos sensibles al asesor presidencial.

“¿Si Santiago Álvarez no tenía acuerdo de confidencialidad, bajo qué criterio, acto administrativo, ud le dio acceso a él?», cuestionó Ana Lucía Delgado, diputada del PLN.

El jerarca se abstuvo de declarar, amparado en el artículo 36 de la Constitución Política.

El reglamento de la Ley 9137 en el artículo 63, inciso c) establece que deben den establecerse acuerdos de confidencialidad y medidas de seguridad específicas relacionadas con el manejo de documentación y rescisión de contratos cuando así corresponda.

Mientras el artículo 4 de esa misma legislación, indica que quien obtenga información de Sinirube, lo hará solamente para fines que establece la Ley 9137 y su reglamento.

De hecho, la Ley 9137 especifica los fines y alcances del Sistema que puede observar dando clic aquí.

La gestión de Álvarez Ovares se realizó dos meses después de solicitado el convenio de cooperación entre el Ministerio de la Presidencia y Sinirube, a solicitud del entonces jerarca Rodolfo Piza.

Durante la audiencia legislativo, se detalló que Sinirube mantiene el convenio de cooperación con el Ministerio de la Presidencia para obtener datos personales de la población.

OBSERVE MÁS: Sala III concreta cambio de presidencia pero sigue escándalo por audiencia de caso UPAD


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