Paula Ruiz
A mediados de año, la Dirección General de Migración y Extranjería realizó una contratación directa de Radiográfica Costarricense (Racsa), por casi $9 millones. La entidad optó por la vía directa, aunque Racsa opinó en el proceso y otras empresas ofrecieron sus servicios.
La irregularidad generó quejas de la Cámara de Comercio, reclamos desde la Asamblea Legislativa y hasta una alarma a la Contraloría Genera de la República. Aunque la Ley lo permite, muchos cuestionan que instituciones públicas recurran a la contratación directa de otras entidades del Estado constantemente.
Por eso un proyecto de ley busca frenar los abusos en contrataciones directas entre instituciones de derecho público. El objetivo es prohibir que se de un servicio cuando esté fuera de las competencias de la entidad a contratar.
La iniciativa 21.014 “Ley de Lucha Contra el Uso Abusivo de la Contratación Administrativa entre Entes de Derecho Público”, podría aprobarse esta semana. El proyecto del diputado Pablo Heriberto Abarca se tramitó en la Comisión de Asuntos Económicos, con la promesa de transparentar las contrataciones públicas.
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Los nueve diputados de la Comisión dieron un dictamen positivo al plan. Alegaron que si bien las entidades públicas busca reducir tiempos de contratación evitando los procedimientos ordinarios, se han generado contratos donde no hay maximización de los recursos ni una buena ejecución.
“El uso abusivo de esta norma ha ocasionado contrataciones entre entes de derecho público, aun cuando la actividad ordinaria del ente contratado, no tiene ninguna relación con el objeto contractual, es decir sin la experiencia y capacidad para asumir el contrato y satisfacer eficaz y eficientemente los requerimientos del ente contratante”, detallaron en su dictamen.
“Lo anterior, obliga a subcontratar a otras empresas con la finalidad de cumplir con el contrato, acción que, entre otras cosas, genera sobreprecios, además de una cadena de responsabilidades que podrían ser contraproducentes dentro del marco de la ejecución contractual”, agregaron.
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Evitar despilfarros
Según Abarca si se aprueba el proyecto, se acabarán las prácticas administrativas irregulares de contratación.
“(Esas prácticas) generan sobre precios y despilfarro de recursos; además, obliga a las instituciones públicas a realizar una verdadera planificación de sus actividades, sin alcahueterías ni portillos que les permita obviar los plazos de contratación administrativa”, detalló.
El congresista cartaginés enumeró contrataciones que considera abusivas del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual permite el proceso directo bajo ciertas condiciones:
- Contrato para el servicio de factura electrónica por $8,5 millones entre el Ministerio de Hacienda y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
- Data center por $20 millones entre el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
- Convenio entre ICE y ESPH para la instalación de árboles por $735.000
- Contrato por $1,5 millones entre el Consejo de Transporte Público (CTP) y Racsa para servicio de GPS
- Contrato por más de $8,9 millones entre Migración y Racsa para data center
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Solo si le compete
Abarca pretende modificar la Ley de Contratación Administrativa, para permitir solamente las relaciones entre entidades públicos, cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del contratista.
- Cambio: el proyecto modifica el inciso C) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa
- Freno: pretende evitar el mal uso de la contratación directa, sin concurso entre entes de derecho público
- Respaldo: cuenta con el visto bueno de la Contraloría, pero con la oposición del ICE y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec)
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