Christine Jenkins Tanzi
El atraso en la respuesta de los Bono Proteger es la principal denuncia contra el programa del Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social, con algunos usuarios reportando una demora de dos meses sin tener una decisión, según un informe especial de la Defensoría de los Habitantes.
De 917.205 trámites de solicitud completados para el Bono Proteger, se han completado 439.941 depósitos, según los datos al 4 de junio del Ministerio de Trabajo.
“La dilación en la respuesta a las solicitudes del Bono, sigue siendo, a la fecha, el mayor motivo de denuncia ante la Defensoría; todavía en la semana en la que se elabora el presente informe, se han recibido denuncias por este motivo por parte de personas que reportan haber llenado la solicitud durante la Semana Santa”, consideró el reporte de seguimiento al Bono Proteger de la Defensoría.
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Entre las denuncias recibidas, se empezaron a presentar situaciones en el trámite del Bono Proteger que merecen la atención de los diputados, según al Defensoría. Entre esto están problemas de acceso y funcionamiento de la plataforma, la carencia de resolución o información sobre el estado de la solicitud, y más recientemente la resolución desfavorable de apelación en el marco del órgano de procedimiento y la remisión de casos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Los datos de la información obtenida del Sistema de Gestión Documental de la Defensoría de los Habitantes muestran las principales quejas de solicitantes del Bono Proteger.(Foto: Defensoría)
No contestan
“La Defensoría no puede dejar pasar su preocupación por el continuo surgimiento de nuevos problemas en el trámite del Bono Proteger y, en particular, las dificultades que la Administración ha mostrado para explicar los motivos de los problemas, así como para rendir cuentas sobre el estado de situación de las solicitudes del bono consultadas por este Órgano Defensor”, según el informe.
Por ejemplo, la Defensoría ha consultado sobre el estado de unos 500 casos desde mayo, a lo que no ha recibido respuesta.
En un primer momento, le solicitó a la Administración información sobre el estado de poco más de 300 solicitudes del Bono Proteger mediante el oficio N° DH-DEED-307-2020 del 13 de mayo 2020. La Administración solicitó tiempo hasta el 1° de junio para responder a la consulta.
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La Defensoría luego consultó el estado de situación de alrededor de 200 casos más 21 de mayo del 2020, ante lo que consideró una inesperada notificación de “impedimentos” y luego las notificaciones de sobre la apertura de un Órgano de Procedimiento Administrativo para la suspensión y recuperación de acreditaciones que no corresponden al Bono Proteger, en el cual se le pide a los beneficiarios la devolución de los bonos que aparentemente fueron “incorrectamente otorgados”.
El pasado 3 de junio, la Administración hizo una nueva solicitud de prórroga hasta el 12 de junio para dar cuentas sobre el estado de situación de todos estos casos. Sin embargo, la solicitud de prórroga fue denegada por la Defensoría, quien solicitó que se remitiera la información a más tardar el 10 de junio.
Mientras tanto, la Defensoría ha generado un grupo de más de 700 casos adicionales debido a denuncias recibidas que serán remitidos a la Administración en los próximos días.
Información omisa
La Defensoría dijo que el interés del estudio era además llamar la atención sobre la información que no se consignó en el informe mensual de las autoridades de Trabajo e IMAS y que considera importante que se consigne en los siguientes informes.
Denunció “inconsistencias y carencias en la información contenida” en I Informe mensual del Bono Proteger publicado con datos al 8 de mayo del 2020.
El informe no especifica la cantidad de personas a las que se les depositó ¢125.000 o ¢62.500 y tampoco desglosa la cantidad de solicitudes aprobadas por reducción de la jornada en más de un 50%, así como el número o cantidad de solicitudes aprobadas por reducción de jornada en un 50% o menos.
La mayor proporción de los bonos otorgados se asignaron a trabajadores independientes, con un 38% del total, por encima del 29% para los trabajadores que indicaron haber sido despedidos de sus trabajos y de un 21% para los trabajadores informales o temporales.
(Foto: Informe especial de la Defensoría)
“Es necesario conocer si estos trabajadores son independientes en sentido estricto, pues el ser trabajador independiente conlleva el asumir ciertas responsabilidades como lo es inscripción de su actividad o profesión ante la Dirección General de Tributación Directa y la afiliación ante la Caja Costarricense del Seguro Social”, consideró el reporte de la Defensoría.
“Por ende, si a los solicitantes no se les pidió dicha información (pues al día de hoy, la Defensoría de los Habitantes desconoce si se requirió la misma), es muy probable que dichos trabajadores deban clasificarse como trabajadores informales o temporales beneficiarios del Bono Proteger, engrosando el porcentaje de este tipo de trabajadores y por ende, provocando una variación en las estadísticas”, agregaron.
El informe también es omiso en señalar la condición de pobreza básica o pobreza extrema de los solicitantes, o la cantidad de personas no pobres que presentaron la solicitud o que no están registrados en el sistema Sinirube.
“Al respecto, la Defensoría considera que dicha información es fundamental, pues es la manera por medio de la cual es posible conocer la cantidad de personas en pobreza básica o extrema que se vieron beneficiadas con el Bono Proteger, así como las nuevas personas que ingresaron a la pobreza básica o extrema a raíz de la afectación del COVID-19 en la economía”, explicaron.
Christine Jenkins Tanzi
