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Las autoridades desalojaron tres cuarterías en la finca de Crucitas, en Cutris de San Carlos, que eran habitadas por coligalleros. Estos sujetos extraen oro de forma ilegal en el lugar, donde se planeó realizar el fallido proyecto minero de la empresa canadiense Infinito Gold.

Asimismo se sellaron cinco túneles, en las que operaban los oreros para no ser detectados.

Durante las inspecciones, se determinó que las tres cuarterías debían ser desalojadas, ya que no cuentan con los requisitos ni los permisos emitidos por el Ministerio de Salud. Otras cinco deberán ser demolidas, pues su construcción no reúne las condiciones apropiadas para ser habitadas.

Previamente personeros de Salud notificaron a los encargados de estos inmuebles y se les otorgó un tiempo estipulado según la ley, para que puedan salir y recoger sus pertenencias con anticipación. Las inspecciones a esto albergues continuarán hasta abarcar su totalidad.

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Locales clandestinos

Así luce la zona donde estaban las instalaciones, luego del operativo de las autoridades. (Minae)

Las instituciones también realizaron una inspección en sodas y pulperías que se han levantado de forma irregular, con el fin de abastecer a los trabajadores de las minas ilícitas y sacar provecho económico de ellos.

Además, se intervinieron cinco túneles que logró sellar estas galerías donde operaban los oreros ilegales.

El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, aseguró que con las inspecciones en cuarterías y locales clandestinos buscan mitigar las actividades irregulares que se desarrollan en Crucitas.

El director de la Policía de Fronteras, Allan Obando, indicó que los operativos policiales se mantendrán para evitar daños al ambiente, el ingreso irregular de personas y la extracción de oro.

En la operación participaron miembros de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad, así como de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Policía Profesional de Migración, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Salud y la Policía de Control Fiscal (PCF).

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