Tomás Gómez
Con el objetivo de que los proyectos de infraestructura pública superen sus problemas tradicionales de atrasos, sobrecostos y falta de mantenimiento, el Poder Legislativo avanza en el proyecto de ley que permitirá la alianza de los sectores público y privado para el desarrollo de diferentes proyectos.
La iniciativa, que esta semana aprobó su primer debate y podría recibir aprobación definitiva en los próximos días, propone cambios en el marco de financiamiento de obras públicas y en la manera de gestionar las construcciones.
Una de las principales innovaciones consiste en la creación de un fondo de preinversión que permita hacer frente a estudios, traslados de servicios y otras gestiones que en otros momentos han atraso el inicio de las obras. Los recursos provendrán del derecho de circulación.
Según la diputada liberacionista Silvia Hernández, proponente del proyecto, la idea es que el Estado no solo contrate servicios de la empresa privada sino que éstas participen activamente en la búsqueda de recursos y que participen en el desarrollo integral de las obras y no solo en partes de esta.
“Costa Rica debe dejar de lado el prejuicio hacia modelos de asocio público privado, pero sobre todo debe dar el salto hacia una forma de gestionar infraestructura con visión de largo plazo, solidez técnica en la preparación de proyectos, transparencia y un beneficio palpable para las comunidades”, defendió Hernández.
