Paula Ruiz
Un proyecto de ley que busca crear un régimen especial para emprendedores y microempresarios en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avanzó en la corriente legislativa, tras ser dictaminado en la Comisión de Asuntos Sociales.
La iniciativa pretende que aquellas empresas con un máximo de cinco trabajadores puedan inscribirse en esta modalidad por una única vez, en un período de cuatro años no prorrogables.
La idea es que el aporte patronal sobre el salario de sus trabajadores sea del 75%. Asimismo, estas empresas contarían con una tarifa especial para pólizas de riesgo de trabajo correspondiente a la mitad de lo que la entidad aseguradora usualmente exige.
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El proyecto deja en claro que dicha reducción del 50% no tendrá incidencia en la atención, pago e indemnización al trabajador cuando requiera cobertura.
El plan se tramita mediante el número de expediente 21.524 “Ley de Fomento e Incentivos a Emprendimientos y Microempresas”, impulsado por la liberacionista María José Corrales.
La verdiblanca abogó porque actualmente hay un 24% de desempleo que reúne a más de medio millón de costarricenses con capacidad de trabajar y con este régimen especial se incentiva la creación de emprendimientos y microempresas lo cual iría de la mano con la recuperación económica.
María José Corrales, diputada proponente, busca crear condiciones especiales para emprendedores y microempresarios Foto: Asamblea Legislativa.
Trámites rápidos en municipalidades
El proyecto también pretende que haya una mejor coordinación entre las municipalidades y el Ministerio de Económica, Industria y Comercio (MEIC), que permitan la simplificación de trámites para quienes estén inscritos como emprendedores o microempresarios.
Según se indica en el texto, con el “Régimen de Trámites Municipales Simplificado” se busca la reducción de tiempos y costos para la creación de estas empresas, así como la uniformidad en los requisitos que exigen los gobiernos locales.
“El país no pude darse el lujo de seguir las prácticas de antaño y ralentizar trámites que implican costos y obstáculos en contra del microempresario. El proyecto establece una hoja de ruta para hacer más eficiente la gestión de apertura de un negocio. Entre más rápido demos este paso, más rápido se podrían estar creando fuentes de trabajo”, defendió Corrales.
La suspensión del beneficio se realizará cuando el emprendedor o microempresario no cumpla con las disposiciones emitidas por CCSS, Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Fodesaf sobre la obligación de actualización de datos, así como por no renovar su condición de pyme ante el MEIC.
