Paula Ruiz
Los diputados dictaminaron el proyecto de Ley General de Contratación Pública con varias modificaciones, que entre otros aspectos eliminaría la contratación directa y se unificaría en un solo régimen la contratación que se tramitaría mediante un sistema digital unificado.
La iniciativa avanzó en la Comisión Especial creada para ese fin y tiene como objetivo modernizar todas las compras públicas.
Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacó que con un solo régimen se acortarían los plazos de contratación y el uso de recursos públicos sería más eficiente.
OBSERVE MÁS: Diputados y Contraloría presentan proyecto para unificar compras del sector público
Menos excepciones
Este proyecto es una reforma integral a lo que está vigente en la actualidad. Según Ana Lucía Delgado, presidenta del foro legislativo, se pretende promover la transparencia, eficiencia y ahorro en las compras estatales como obras, bienes y servicios.
La diputada liberacionista aseguró que el ahorro se dará con el sistema digital unificado. “Va a permitir incluso tener rendimientos en fondos públicos a través de esta plataforma tecnológica, que pueda llegar a alcanzar muy por encima del 1,5% del PIB (Producto Interno Bruto). Este proyecto es una reforma de Estado y de cómo hoy se realizan los trámites para comprar o contratar obras, bienes y servicios”, dijo Delgado.
Otro cambio tiene que ver con que se establecen ocho excepciones, lo cual implica una significativa reducción, tomando en cuenta que la Ley vigente contempla 20 excepciones. Así mismo, unifica la totalidad de regímenes que se mantienen hasta hoy en diferentes instituciones que están fuera de la Ley de Contratación Administrativa.
Delgado agregó que también se suprimirán conductas temerarias por parte de proveedores, que apelan u objetan con el único fin de atrasar una contratación.
Se incorporan sanciones por el ejercicio indebido al derecho a recurrir y se regula la caducidad del contrato.
Dentro de las modificaciones, se incorporan umbrales para determinar si el procedimiento de contratación debe ser mediante el régimen ordinario o uno diferenciado.
El texto establece los siguientes topes, según tipo de licitación:
- régimen diferenciado: La gestión se realiza en contrataciones mayores a ¢1.026 millones para obra pública y superiores a ¢285,8 millones en compra de bienes y servicios
- régimen ordinario: aplica para un monto superior a ¢641,3 millones en construcción de obras y más de ¢238,2 millones en bienes y servicios
Finalmente, el proyecto crea la Autoridad de Contratación Pública – sin ningún cargo a la estructura del Estado ni al presupuesto – y se transforma la Dirección de Bienes y Adquisiciones del Ministerio de Hacienda en un órgano ejecutor de la rectoría.
Ahora el proyecto inicia su etapa de mociones, que refiere a los planteamientos para modificar por el fondo o forma la iniciativa, a través de las propuestas de diputados. Cuando supere esta etapa, llegará a Plenario para su votación final.
La iniciativa fue presentada en agosto anterior, con el respaldo de la Contraloría General de la República.
Aquí puede ver en detalle lo dictaminado
Si bien el proyecto pretende tener un sistema digital unificado de compras públicas, desde la administración pasada – con un pulso político de por medio con la previa presidencia de Laura Chinchilla – se lanzó el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que sustituyó el sistema CompraRed del Ministerio de Hacienda.
Este debía remplazar y unificar los servicios que se daban en CompraRed y desde Mer-Link, para tener una sola plataforma, en la cual todas las entidades del Estado debían realizar sus compras. De hecho se cambió el marco legal para unificar la normativa.
En marzo del 2019, la Contraloría General de la República señaló que le costaría muy caro a Hacienda renovar el Sicop.
OBSERVE MÁS: Empresarios critican «lesivas» contrataciones administrativas del Archivo Nacional y el Congreso
