BCIE sostiene financiamiento a Nicaragua pese a escándalo

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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) defendió este viernes sus financiamientos para Nicaragua pese a una polémica desatada por el uso de fondos de la institución para la Policía Nacional, señalada por organismos humanitarios de violación de derechos humanos.

El banco con sede en Honduras, sin mencionar la polémica en redes sociales, se declaró «apolítico» y apeló en un comunicado por una solución pacífica a la crisis sociopolitica de Nicaragua.

Destacó en el texto «su compromiso de ser un aliado estratégico» de los países centroamericanos y recordó que Nicaragua tiene 19 proyectos en ejecución y ocho a la espera de desembolso, los cuales generan 140.000 empleos directos e indirectos.

Opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega impulsan una recolección de firmas para enviar una carta al directorio del BCIE donde exponen que la policía ha incurrido «en prácticas coercitivas, corruptas contra la población, por lo que debería quedar inhibida de recibir fondos del banco».

El BCIE otorgó el último año $202 millones para mejoramiento y ampliación de carreteras y para reparar y construir aeropuertos en la región del Caribe Sur de Nicaragua, según datos del organismo en su página web.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que apoya el reclamo al banco, consideró que el BCIE irrespeta su propia normativa, que prohíbe financiar a actores involucrados en actos de represión y corrupción.

Además «endeuda al país con un derroche de más de $535.000 para financiar una flota vehicular a la policía mientras el gobierno recorta el presupuesto en salud y educación», señaló el Cenidh.

«Es un error financiar a la policía, es una organización que ha reprimido y sigue reprimiendo a la población nicaragüense», dijo el economista Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la coalición opositora que negocia con el gobierno una salida a la actual crisis.

El gobierno ha presionado a la oposición en las negociaciones para que pida el levantamiento de sanciones internacionales impuestas contra Nicaragua por la represión y la falta de democracia, incluida la restricción a obtener créditos de organismos multilaterales.

Nicaragua vive una grave crisis política que deterioró su economía desde abril del año pasado, cuando el gobierno reprimió violentamente una ola de protestas que dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.000 exiliados


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