Paula Ruiz
Casa Presidencial confirmó que tenía un equipo de cinco personas para la realización de sondeos telefónicos con tal de “estudiar la opinión pública” y la percepción de los ciudadanos sobre diversos temas; información que también era dirigida a la cuestionada unidad de datos que mantiene en crisis a la administración de Carlos Alvarado desde hace dos semanas.
La denuncia fue realizada por el diputado Rodolfo Peña del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) este jueves en el Plenario, quien detalló que el Poder Ejecutivo tiene un “call center” (centro de llamadas) desde Zapote, paralelo a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Sin embargo, fue hasta este viernes que Casa Presidencial lo confirmó tras reiteración de las consultas de El Observador.
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“Con el fin de considerar la opinión ciudadana en la construcción y generación de políticas públicas, un equipo de cinco personas, elaboraba llamadas para aplicar sondeos que permitían conocer la percepción de la población sobre diversos temas de la realidad nacional, políticas públicas, proyectos de ley, gestión del gobierno, entre otros”, detalló Presidencia en un escueto comunicado.
“Para ello, se realizaban sondeos aleatorios y anónimos a partir de un formulario de preguntas básicas, basadas en una temática de interés público”, agregó.
Sin embargo, hasta este viernes, han declinado responder quién era la persona líder, jefe o coordinador del centro de llamadas.
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Respuestas iban a UPAD
Diego Fernández coordinaba la UPAD. Antes de renunciar dio detalles de la información que manejaron. Pero no se incluyó un punto con respecto a sondeos telefónicos a la ciudadanía. (Presidencia)
Además Casa Presidencial mencionó que la información recabada en las llamadas se dirigía a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“Las personas que realizaban los sondeos recababan la opinión y remitían al equipo de análisis de datos, para que estos sistematizarán y generaran insumos que eran utilizados en la gestión del gobierno”, indicaron.
Es decir, realizaban las consultas y eran remitidas a la UPAD, el grupo que tenía esa labor.
Desde Zapote indicaron que los números de teléfono se obtuvieron mediante la lista que publica la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Indicaron que no pedían información personal ni financiera por lo tanto “se desconoce la identidad de la persona entrevistada”.
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El equipo
El socialcristiano indicó que todo se manejó “a la sombra de la UPAD”.
Peña informó que las personas que realizaban las gestiones son:
- Elioth Montero Quirós
- Jorge Madrigal Gómez
- Lucrecia Ceciliano Méndez
- Priscilla Quirós Salazar
- Cristian Navarro González
Desde este jueves en la noche se le consultó a Casa Presidencial si estas cinco personas, efectivamente estaban a cargo de las labores, pero hasta hoy no se ha obtenido respuesta.
“Desde el jueves antes del allanamiento no han vuelto a Casa Presidencial, sin embargo, están en la planilla. Están en la planilla a cargo de la Presidencia”, sostuvo Peña.
Presidencia dijo que dos funcionarios ocupan el puesto de Asistente Presidencial B con un salario cada uno de ¢430.000 y los tres restantes en puesto de Asistente Presidencial A con sueldo de ¢415.000.
“Las funciones administrativas asignadas se enfocaban en la realización de llamadas telefónicas y nunca accedieron a bases de datos ni tampoco realizaron monitoreo o investigaciones en redes sociales”, justificaron.
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Dos semanas de terremoto
El viernes 21 de febrero comenzó el escándalo que tiene en jaque al presidente Alvarado, cuando trascendió que el mandatario, el ya exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ya exviceministro de Planificación, Daniel Soto, firmaron el decreto de creación de la UPAD.
Días después de publicarse la directriz en La Gaceta, Alvarado lo derogó e inhabilitó la UPAD, tras serios cuestionamientos por su creación y el hecho de que se le quería obligar a otras entidades públicas a darle información confidencial.
Hasta viernes 28 de febrero, en medio de los allanamientos judiciales por la investigación penal, se conoció la renuncia del abogado Luis Salazar, asesor jurídico del decreto que sin embargo sigue en Casa Presidencial como delegado para temas LGBTI. Fue la primera salida por el caso.
A él se sumaron el martes 3 de marzo, Soto, y el viceministro de Hacienda, Juan Alfaro, quien alegó que se usó su nombre sin autorización para buscar el acercamiento con autoridades financieras. La mañana del miércoles renunció Víctor Morales, además del asesor Diego Fernández y la jefa de despacho Felly Salas.
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El Observador dio a conocer cómo en plena campaña de elecciones municipales el asesor Alejandro Madrigal realizó análisis de apoyo al PAC respecto a iglesias evangélicas y de otros temas como huelgas y asistencia a clases de sexualidad.
También este medio reveló los intentos de Madrigal por generar un convenio con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que permitiera el acceso al Centro de Información Crediticia (CIC), donde se resguardan datos confidenciales sobre el endeudamiento de las personas.
A estas revelaciones sumaron otras investigaciones de otros medios como:
- Diario Extra: expuso la solicitud de datos de registro civil hecha por Presidencia al Tribunal Supremo de Elecciones
- CR Hoy: mostró el fracaso del equipo de datos al pretender que la Caja Costarricense de Seguro Social les diera datos financieros de cuotas obrero patronales, lo que está tutelado por ley
- Noticias Repretel: reportó el ocultamiento de información a los diputados para recibir un presupuesto de ¢70 millones que financiara a la UPAD
- Semanario Universidad: publicó el trabajo de la Unidad para individualizar a docentes que se fueron a huelga por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
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