Tomás Gómez
El proyecto de ley para modificar la Comisión de la Promoción de la Competencia (Coprocom) – incluido en la agenda de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) – sigue generando reservas entre los sectores productivos del país.
Así lo manifestaron la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema), la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (Amcham), la Cámara de Industrias y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), quienes se presentaron ante la comisión legislativa que analiza los proyectos para formar parte del foro internacional.
Dudas puntuales
En síntesis, las observaciones recurrentes fueron:
- Monto de las sanciones: los sectores productivos reclaman que los montos con los que se estaría castigando las faltas a la competencia en lugar de disuasorias son confiscatorias y podrían implicar incluso la quiebra de empresas.
- Plazos de los procesos: se estaría pasando de un lapso de seis meses para interponer las denuncias, hasta cuatro años luego de que ocurran los hechos. Además los procesos podrían alargarse hasta por 27 meses, sin tomar en cuenta las apelaciones.
- Nueva estructura: se cuestiona que se quieran equiparar los salarios en la Coprocom a la estructura de la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como la designación política de los directivos del órgano.
Los representantes de las cámaras reconocieron que se han implementado algunas mejores en el texto. Pero mostraron dudas por la falta de estudios técnicos que respalden los parámetros de las sanciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.
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Cuestiones adicionales
Algunos de los participantes aprovecharon sus exposiciones para externar preocupaciones específicas sobre los alcances de la iniciativa.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, exigió que se incluyan sanciones para los funcionarios públicos que fallen en sus responsabilidades para la prevención de los monopolios.
“Se recomienda contemplar responsabilidades para los funcionarios públicos que en conocimiento de una eventual práctica omitan su denuncia o que promuevan el intercambio de información”, señaló.
Uccaep y el sector agrícola advirtieron que los proyectos de incorporación de la OCDE estarían haciendo planteamientos, que exceden los propios parámetros del organismo internacional.
“Hay que tener cuidado porque si se va más allá de lo que diga la OCDE puede poner en riesgo la agricultura”, declaró Rigoberto Vega, vicepresidente de la CNAA.
“OCDE es importante para el país y así lo hemos manifestado al apoyar diversos proyectos. Pero tengamos cuidado que aplicada en exceso podría impactar nuestra perdida de competitividad que ya de por sí es clara”, indicó Gonzalo Delgado, presidente de la Uccaep.
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Apertura a cambios
Tras las observaciones recibidas, los diputados de la comisión legislativa afirmaron que se tomarán en cuenta y que se incorporarán de forma que se dictamine el proyecto por unanimidad.
Con ese objetivo, la comisión sesionará el próximo miércoles de manera extraordinaria.
El diputado independiente Jonathan Prendas, presidente del foro, adelantó que la idea es generar consenso entre todas las fracciones representadas y que el proyecto avance sin contratiempos.
Gobierno defiende proyecto
El proceso de transformación de la Coprocom es impulsado desde el Poder Ejecutivo.
Durante su presentación, la ministra de Economía, Victoria Hernández, defendió que la iniciativa “viene a robustecer el marco legal e institucional de las autoridades de competencia, acorde con las mejores prácticas internacionales”.
“Es requisito necesario para no solo ingresar a la OCDE, sino también, generar mayor bienestar a la ciudadanía, promoviendo sana competencia en los mercados y facultando a las autoridades de instrumentos, acordes con los cambios que ha tenido el país en los últimas décadas”, dijo la jerarca.
Las críticas planteadas este lunes en la Asamblea Legislativa, se suman a las que en su momento hizo la Contraloría General de la República. Ante el mismo foro legislativo, el ente contralor reprobó el texto pues a su criterio no garantizaba la independencia y mantenía limitaciones presupuestarias.
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