Tomás Gómez
El proyecto para construir un canal seco que conecte las costas del país lleva meses en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), desde donde aún no llega la luz verde que habilite un progreso del plan.
La iniciativa fue presentada por el grupo privado Cansec (Canal Seco de Costa Rica) y recibió un fuerte impulso durante el gobierno de Luis Guillermo Solís. El canal conectaría Parismina en el Caribe con Bahía Culebra en Guanacaste.
Se financiaría con capital privado con un costo de $16.000 millones, lo que la convertiría en la obra más grande en la historia del país.
Además de los muelles, el proyecto contempla una autopista de cinco carriles por sentido y vías férreas para el transporte de cargas.
Prioridades y cuestionamientos
Ante el estancamiento de la propuesta, los diputados de la Comisión Legislativa de Infraestructura convocaron a sus impulsores y al CNC para evaluar la situación y conocer su futuro.
Cansec, representado por Lucía D’Ambrosio, señaló que el grupo privado ha cumplido con la entrega de todos los requisitos. Pero las respuestas han tardado, al punto que debieron interponer acciones legales para que su caso sea atendido.
“El futuro de Costa Rica está en manos de dos personas”, dijo D’Ambrosio en alusión al poco personal que tramita su propuesta en el CNC.
El secretario general de Concesiones, José Manuel Sáenz, sostuvo que la documentación aportada requería subsanar detalles, pero admitió a la vez que la institución estaba concentrada en otros temas.
Según Sáenz se pretendía avanzar primero en planes para las carreteras a Caldera, Limón y Cartago, tras lo cual se verá el plan del canal.
“Es un proyecto complicado. El CNC debe tener total confianza de la bondad de este proyecto”, sostuvo el jerarca ante los diputados.
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Debate político
Tras la explicación de la empresa y el CNC, la Comisión de Infraestructura recibirá en las próximas semanas a los ministros de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, y de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, para continuar con el análisis.
La diputada liberacionista Paola Valladares, presidenta de la comisión, indicó que el plan tiene un componente de reactivación económica que debe valorarse. Valladares agregó que sea a favor o en contra, el país debe pronunciarse para evitar consecuencias legales más graves.
“Me preocupan las largas que le está dando un CNC poco productivo a un tema en donde al final tendríamos que indemnizar a una empresa que ha venido presentado sus atestados y cumpliendo los requisitos y no le resolvemos. No podemos seguir permitiendo que hayan lesividades a terceros que al final el país lo sigan endeudando como ocurrió con el aguacate”, comentó.
El Observador consultó al Gobierno por su postura sobre el proyecto, pero el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, dijo desconocerlo, pero que confiaba en la labor técnica del CNC.
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Colaboró la periodista Paula Ruiz
