Paulo Villalobos
La Casa Presidencial así como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en San José, fueron allanadas la mañana de este viernes con motivo de una investigación seguida contra el mandatario Carlos Alvarado.
De igual manera, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron bajo la dirección de la fiscala general Emilia Navas, a cuatro habitaciones particulares.
Las ubicaciones no fueron especificadas por la oficina de prensa del Ministerio Público.
Oficiales de la Policía Judicial al momento de su ingreso a la Casa Presidencial, en Zapote. (Tomás Gómez | El Observador)
De acuerdo con un comunicado, las diligencias tienen relación con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), trascendida hace una semana. Dicho órgano operó -en apariencia sin respaldo legal- entre mayo de 2018 y octubre de 2019 en la recolección y estudio de información de ciudadanos para la formulación de políticas públicas. Todo ello habría ocurrido con el conocimiento de Alvarado.
El 14 de octubre de 2019, el mandatario, el ministro el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto; firmaron el decreto 41996 que oficializó el órgano, sus funciones y potestades, incluido un acceso a información confidencial.
La directriz fue publicada el 17 de febrero de 2020 en el diario oficial La Gaceta y, cuatro días más tarde, el medio digital CRHoy.com dio a conocer los alcances del decreto. De inmediato la información desató molestia en la oposición y ciudadanía, por lo que Alvarado lo derogó.
Dos días después, el presidente pidió disculpas por lo que consideró un error de comunicación y ordenó frenar las labores de sus asesores de datos.
El perímetro de la Casa Presidencial ha sido cerrado. (Tomás Gómez | El Observador)
Precisamente los firmantes encabezan la investigación seguida bajo el expediente 20-005433-0042-PE, iniciada a partir de tres denuncias privadas y un informe levantado por la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) ese mismo día.
En la causa también se sigue contra la jefa del despacho del gobernante, Felly Salas (a quien respondía la Unidad), el asesor legal Luis Salazar (encargado del análisis del texto) así como a los miembros de la oficina: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
Todos ellos figuran como sospechosos de los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
Paulo Villalobos
