Caja desobedecerá la Ley y no aplicará la Regla fiscal en su presupuesto

Pese a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) especifica que la Regla fiscal debe ser aplicada a los presupuestos de todos los entes y órganos del sector público no financiero, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no la aplicará en la elaboración de su presupuesto.

La Regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Así el aumento de un presupuesto está “amarrado” al comportamiento de la economía y de la deuda del Gobierno central. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley 9635.

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Román Macaya, presidente ejecutivo de la entidad, aseguró a El Observador que “la Caja, en cuanto a su presupuesto, no es sujeta a las restricciones de crecimiento impuestas por la regla fiscal”.

Sin embargo, el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es claro y estipula en el Capítulo I y Artículo 6, que las excepciones a la cobertura de la regla, únicamente aplica para los recursos del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) y el régimen no contributivo que administra la Caja.

Macaya sostiene que la medida se toma “no solo por esa autonomía constitucional que tiene en esta materia, sino que se requiere garantizar el presupuesto necesario para la cobertura y atención de todos los ciudadanos que requieren de salud y de pensiones”.

Desde inicios de mes, la Junta Directiva de la Caja ya había usado su “autonomía” como excusa para no aplicar la Regla fiscal.

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Ante la consulta de este medio sobre el estado del presupuesto para el próximo año, el Presidente de la Caja explicó que actualmente se elabora un plan táctico de acuerdo con las metas de cobertura y protección.

Posteriormente, se generará una serie de indicadores de las metas propuestas para asignar el presupuesto y enviarlo a revisión a la Contraloría General de la República en setiembre.

“Ese es el proceso en el que estamos, elaborando un presupuesto basado en las metas de cobertura y de protección de la ciudadanía, no en un valor histórico y sin limitaciones de crecimiento impuesto por una regla fiscal”, comentó Macaya.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, reiteró que en el caso de la CCSS, la aplicación de la regla fiscal solo excluye a las pensiones del IVM y la administración del seguro de salud.

Esto significa que el presupuesto del 2020 del resto del gasto de la institución no podrá crecer más del 4,67% que se determinó como límite.

Igual que los sindicatos

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), junto a otras organizaciones, dieron dos semanas al Gobierno para retomar la mesa de diálogo con la Caja, luego de que el pasado 17 de julio no llegaran a un acuerdo en la interpretación de la reforma fiscal.

Undeca acordó dar plazo hasta el 4 de agosto como fecha límite, para que el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la Caja abra un nuevo espacio.

Luis Chavarría, secretario general de Undeca, aseveró que la regla fiscal es “una soga al cuello para la institución”, debido a que el Ministerio de Hacienda “fija cuáles son los topes máximos de gastos para todas las circunstancias” y esto lo traduce en una intervención en “la autonomía de la Caja”.

Román Macaya aclaró que es necesario que la Caja tenga autonomía en la definición de su presupuesto, ya que los múltiples proyectos que la institución tiene en cartera requieren de recurso económico y humano.

Ante la duda de si existe una diferencia insalvable con los sindicatos debido a las constantes manifestaciones y movimientos, el Presidente de la Caja respondió que “en este punto no hay diferencia”.

Autonomía si, pero con respeto a leyes

Para Manrique Jiménez, abogado constitucionalista, la autonomía requiere de la coordinación y subordinación al ordenamiento jurídico.

“El hecho de que un ente sea descentralizado con la limitación que ya señalé, no significa que en ningún momento que puedan desvincularse a través de la interpretación jurídica de algo que el Legislador ha dicho que tiene que estar incluido”, aseguró Jiménez.

Es decir, al indicar que un ente cuenta con autonomía significa que es una entidad con capacidad de contraer derechos y obligaciones.

Jiménez aclara que aún así está subordinada al ente de coordinación de todo lo que es el aparato administrativo y presupuestario. “Está sujeta al principio de las directrices que emanan del Ejecutivo en sentido estricto del presidente de la República para que haya una coordinación en ciertos sectores a nivel administrativos”, explicó.

El abogado explicó que la descentralización no puede contradecir el principio de Reserva de Ley ni la disposición expresa del ordenamiento jurídico.

“Incluso aquí con rango de ley para pretender violarlo por medio de acuerdos que no son oponibles al Fisco, precisamente porque el propio Fisco queda sujeto al mismo principio de legalidad”, dijo.

“Entonces el punto importante es que, si se llega a algún tipo de negociación no es para violar la ley, si no para cumplirla con la adaptación en el tiempo en cuanto a los requerimientos obligatorios de pago”, finalizó el abogado constitucionalista.

De no llegarse a un acuerdo entre las partes involucradas, la resolución e interpretación de la regla fiscal estará en manos de la Sala Constitucional.