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CIDH denuncia incremento de ataques a defensores de derechos humanos en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este viernes que en Nicaragua se incrementaron los ataques contra defensores de…

Por Juan Pablo Arias

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CIDH denuncia incremento de ataques a defensores de derechos humanos en Nicaragua
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este viernes que en Nicaragua se incrementaron los ataques contra defensores de derechos humanos y opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.

En un comunicado divulgado en su sitio web, la CIDH declaró “preocupación por un incremento de hostigamiento” a defensores de derechos humanos, abogados, opositores excarcelados y detenidos vinculados a protestas antigubernamentales.

Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social luego derogada y que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega por la represión ejercida contra los manifestantes.

Desde entonces, la CIDH ha documentado 325 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.

La Relatoría Especial sobre derechos económicos y de libertad de expresión de la CIDH denunciaron un “patrón de discriminación y amenazas” contra trabajadores del Estado y de “represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas”.

La CIDH citó el caso de dos abogadas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, que recibió amenazas de muerte por la defensa de su colega María Oviedo, quien fue “criminalizada y declarada culpable, por delito de obstrucción de funciones” de la autoridad.

Destacó que cientos de opositores fueron excarcelados bajo una ley de amnistía en junio pasado, y ahora son objeto de “hostigamiento, amenazas y agresiones” de agentes de policía y civiles motorizados, mediante constantes interrogatorios y vigilancia a sus domicilios, según testimonios recibidos por la comisión.

La CIDH tiene informes de unas 126 personas que continúan detenidas por su oposición al gobierno de Ortega.

La comisión llamó al Estado a investigar las circunstancias del asesinato de una persona en el norte de Nicaragua por disparos de un civil desde una motocicleta, a fin de identificar y sancionar a los responsables y así combatir la impunidad y evitar la repetición de hechos similares.