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Conexiones ilegales de agua se concentran en 4 cantones de la GAM

La mayor cantidad de denuncias por conexiones ilegales para robar agua, se concentran en cuatro cantones de la Gran Área…

Por Katherine Ulate A.

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Conexiones ilegales de agua se concentran en 4 cantones de la GAM
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La mayor cantidad de denuncias por conexiones ilegales para robar agua, se concentran en cuatro cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM). Se trata de Curridabat, La Unión, Santa Ana y Escazú.

De acuerdo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Región Metropolitana de la GAM es el área de mayor incidencia de denuncias. Aproximadamente existen 200 causas pendientes por resolver.

Se desglosan de la siguiente manera:

(Alonso Solano / El Observador)

Aproximadamente 450.000 habitantes de cantones de la GAM experimentan problemas de abastecimiento que se intensifican en la temporada seca.

Edwin Matarrita, encargado de Optimatización de Sistemas de la Gran Área Metropolitana del AyA, estima que este tipo de afectación no solo se debe a las conexiones ilegales, pues ambién se suman fugas de agua y medidores en mal estado.

Aunque el ingeniero no precisó el monto invertido por el AyA en la atención total de las situaciones, estimó que el costo por cada intervención asciende a los ¢2 millones.

En mayo del 2018, el Diario Extra detalló que cada día se detectan dos casos de conexiones ilegales. En el 2017 y hasta abril del 2018, en la GAM se encontraron 709 casos.

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Intervención de desarrollos

El Instituto estima que actualmente existen más de 40 desarrollos urbanísticos, que se han intervenido por denuncias de conexiones no registradas.

Las denuncias por ilegalidad en desarrollos se desglosa de la siguiente manera en esos cuatro cantones:

  • Curridabat: 8 
  • La Unión: 12
  • Santa Ana: 8
  • Escazú: 6

En junio del 2018, La Nación informó que al menos 210 desarrollos inmobiliarios como torres de apartamentos, oficentros y urbanizaciones instalaron tuberías para captar agua ilegalmente.

Previamente la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) asistió al AyA en perseguir a los infractores. Incluso varios casos llegaron a la sede penal.

Matarrita explicó a El Observador que, una vez detectada la conexión ilegal, la Dirección Jurídica del AyA valorará la posibilidad de presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Sin embargo el seguimiento de estas denuncias se complicó en los últimos años, debido a una “reestructuración” que sufrió la institución que les imposibilita dar continuidad.

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Sin personal para cambiar 30 mil medidores

Pese a la detección de casos de ilegalidad, el AyA no logra atender todas las situaciones que se desatan alrededor de complejos urbanísticos, centros de lavados de carros y casas.

Leonel Guzmán, delegado de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT) del AyA, afirmó que la institución no tiene la capacidad de soporte de personal.

El líder sindical aseguró que existen aproximadamente 30 mil medidores en bodega, para realizar el cambio de dispositivos que se encuentran en mal estado.

“Se necesita personal de campo para atacar al 100%, para andar atacando las cosas que se dan. En la calle hay muchas fugas. Se debe hacer cambios a medidores”, comentó Guzmán.

Matarrita secundó que la institución no cuenta con el personal para hacerle frente a las múltiples labores de atención en la calle.

“No tenemos el personal. Es una gestión que la Gerencia General y la Presidencia Ejecutiva están tratando de resolver para darle un poco más de músculo al área para intervenir oportunamente”, explicó Matarrita.

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