Tomás Gómez
Varios países han optado por cambiar las regulaciones de los alquileres o dar espacios de moratoria a inquilinos, como parte de las medidas para contener los efectos económicos de la COVID-19. Ahora la idea comienza a avanzar en el ámbito local.
El presidente Carlos Alvarado introdujo el tema la semana anterior, durante la presentación del plan de las acciones de la banca privada para atender a los deudores con afectación financiera por la crisis.
En ese momento, Alvarado mencionó la posibilidad de una nueva regulación de los alquileres. Aunque no se ha oficializó un plan específico, la ministra de Vivienda, Irene Campos, indicó que su cartera trabaja la propuesta con el Consejo Económico con carácter prioritario.
OBSERVE MÁS: Hoteles, restaurantes, una fábrica de alimentos y empresa de servicios financieros piden suspender pago a 6.528 trabajadores ante coronavirus
A este proceso se sumó este lunes un proyecto de ley del diputado liberacionista Wágner Jiménez, que plantea una moratoria en los desahucios judiciales y administrativos de aquellas personas, que por motivo de la desaceleración hayan quedado desempleadas o con sus ingresos reducidos en al menos 20%.
Según el texto, el plazo de gracia sería de tres meses y la deuda se dividiría sin intereses por el resto de plazo del contrato. La medida incluiría a empresas y personas jurídicas.
“Los diputados estamos convocados para trabajar por la garantía de que cada costarricense no perderá su vivienda ni tampoco será desalojado de su local comercial producto de la crisis que enfrentamos con el coronavirus”, indicó el legislador. Pidió que la iniciativa se convoque lo antes posible para darle trámite expedito en el Congreso.
OBSERVE MÁS: Diputados intentarán «cocinar» proyectos de manera virtual y sesionar solo para votarlos
Salvavidas económico
La llegada del coronavirus representa una emergencia sanitaria, que ya reporta 134 casos positivos y dos fallecimientos en suelo costarricense. Además implica un desafío económico para las empresas producto de las medidas de prevención.
Cierre de fronteras, cancelación de eventos y reducción del aforo de los locales comerciales forman parte del escenario. Ya se han propuesto una serie de medidas legales para paliar el impacto:
- moratoria del cobro de los impuestos de valor agregado, renta y aranceles por tres meses
- regulación de las tarifas por el uso de datáfonos
- flexibilización de las jornadas de trabajo para la prevención de despidos
OBSERVE MÁS: Aprobada de manera definitiva la moratoria de impuestos por crisis del coronavirus
En la lista planteada por el Gobierno están pendientes otros proyectos como un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el uso de superávits de entes públicos para el rebajo de la deuda; o el traslado del recorte de pensiones de lujo a programas sociales.
OBSERVE MÁS: Ante crisis por COVID-19, comercio y turismo piden calcular cargas sociales por horas laboradas
