Contraloría advierte que proyecto de Economía Social Solidaria duplica funciones y es un riesgo fiscal

Iniciativa de Daniel Ulate implicaría nuevas instituciones públicas, duplicidad de funciones y un riesgo para la sostenibilidad fiscal

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Tiempo de Lectura: 3 minutosLa Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el proyecto de ley 21.970 «Ley de Fomento Socioeconómico Local» implicaría nuevas instituciones públicas, duplicidad de funciones con las ya existentes. Además se crearían fuentes de financiamiento que representan un «riesgo para la sostenibilidad financiera y fiscal del país».

La iniciativa impulsada por el liberacionista Daniel Ulate se presentó en el contexto de la pandemia, con el argumento de lograr más desarrollo a nivel territorial. El plan crearía:

  • una Comisión Especial de Desarrollo Económico Local en cada una de las 82 municipalidades
  • Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local
  • el Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local
  • Programa Interinstitucional para la Promoción del Desarrollo Económico Comunal (Prodeaco) y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local
  • el Laboratorio de Innovación Comunal

Su fuente de financiamiento sería mediante el 5% de las utilidades del Banco Popular, 2% del impuesto de la renta en el presupuesto nacional, entre otras.

El proyecto también pretende que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) subsidie el pago de internet a pequeñas y medianas empresas (pymes) involucradas.

«Es relevante considerar que ya existen instituciones del Sector Público que tienen a cargo funciones y responsabilidades relacionadas con el fomento, el desarrollo, la formalización de grupos, las organizaciones y las empresas de la Economía Social Solidaria, que se pretende regular en el proyecto de ley en análisis», señala el criterio. 

OBSERVE MÁS: Contraloría advierte de impacto de préstamo y subsidios para tren eléctrico en crisis fiscal

Ante este panorama, el ente contralor considera que la estructura de articulación que se pretende no es la adecuada en términos de agilidad, simplicidad y costos, para atender la solución que persigue.

La Contraloría advirtió sobre la creación de nuevas instituciones públicas, dependencias de estas u otras figuras para lograr el objetivo planteado, pero sin un análisis integral donde se permita utilizar los recursos ya existentes y evitar la duplicidad de funciones.

«La creación de fuentes de financiamiento propuestas en el proyecto de ley, representa riesgos para la sostenibilidad financiera y fiscal del país. El desequilibrio recurrente de las finanzas públicas en el presente siglo, se revela en el cada vez más acentuado descalce financiero en la operación del gobierno, lo cual genera altísimo riesgo en el retorno de dicha sostenibilidad, necesaria para atender en el mediano plazo la provisión de los servicios públicos», sentenció.

El proyecto es impulsado por el diputado Daniel Ulate, quien no quiso referirse al criterio del ente contralor. (Asamblea Legislativa)

Exoneraciones en crisis fiscal

Además el proyecto de Ulate busca exonerar del pago de impuestos, contribuciones tasas y derechos a las municipalidades, sus federaciones, confederaciones y sus empresas.

La Contraloría recordó que el establecimiento de exoneraciones es parte de la problemática fiscal que enfrenta el país.

«No se evidencia en la motivación del proyecto, de qué manera dichas reformas podrían mejorar la distribución de la riqueza, generar una relación más cercana entre el productor de bienes y servicios y los clientes o usuarios finales, o mitigar los efectos inmediatos de la crisis generada por el COVID 19», señaló la CGR.

Jessica Víquez, gerenta del área de Servicios Económicos de CGR, apuntó a riesgos como las fuentes de financiamiento de ¢135.000 millones.

OBSERVE MÁS: Estas son las 50 exoneraciones al IVA vigentes, adicionales a la reforma fiscal

La Contraloría resumió de la siguiente forma los problemas del proyecto:

  • creación de nuevos órganos, instituciones y comisiones: alto riesgo de que esa estructura de articulación no sea la adecuada, en términos de agilidad, simplicidad y costos
  • fuentes de financiamiento de al menos ¢135.112,4 millones: ponderar los riesgos respecto de usar recursos de Fonatel y de impuestos, considerando la situación país
  • exenciones a municipalidades y empresas de la Economía Social Solidaria: constituyen una carga para las finanzas estatales
  • dudas sobre su contexto: se presenta como una herramienta para la gestión socioeconómica a raíz del estado de emergencia, pero no se observa una estrategia clara que garantice el uso de los recursos para los objetivos
  • temas más allá de la atención de la emergencia: podrían tener impacto sobre las finanzas públicas, el crecimiento del aparato estatal, el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado Daniel Ulate no se refirió a los cuestionamientos, alegando que no tenía el documento, el cual tiene fecha del 24 de junio.

Aquí puede descargar el criterio completo de la Contraloría


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