Paulo Villalobos
Los procesos de inversión pública sufren por una normativa dispersa y con grandes vacíos, lo que contrasta con la estandarización de trámites y procedimientos para ejecutar proyectos, necesarios para una apropiado uso de los recursos.
Estas inconsistencias provocan que no exista una adecuada priorización de obras de inversión, tanto institucionales como sectoriales, que garantice la selección de los que generan mayor valor público al país.
Por lo anterior, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó este lunes al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) presentar un proyecto de ley que resuelva esos vacíos en un plazo máximo de seis meses.
El objetivo de la iniciativa debe ser mejorar y fortalecer el proceso de inversión en los distintos niveles de ley, reglamentos, metodologías, normas técnicas, lineamientos así como procedimientos, desde la cartera.
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En su auditoría, el ente contralor revisó el funcionamiento de las normas, principios, métodos, instrumentos y trámites que ordenan el proceso de inversión pública, comprendido entre 2015 y 2018. Los procedimientos son determinantes para el desarrollo del país.
“Mejorar sus resultados es fundamental para la construcción de la infraestructura socioeconómica que posibilite dinamizar los sectores productivos, promover la inversión privada, generar empleo, aumentar la competitividad del país y, en general, mejorar el bienestar de la población”, expone el informe.
En Costa Rica, el gasto de capital del sector público se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), se pasó de 4,3% en 2015 a 3,6% en 2018. Ambas cifras son inferiores al 6,2% requerido para satisfacer la demanda en infraestructura, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Otras disposiciones: decreto para integrar
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, deberá presentar un proyecto de ley para solventar vacíos en los procesos de inversión pública. (Julieth Méndez/Casa Presidencial)
Al Ministerio de Planificación también se le ordenó elaborar un decreto ejecutivo, sobre un adecuado modelo de gobernanza multinivel. Este debe integrara el reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública y el de Planificación, en lo atinente al Subsistema de Inversiones Públicas.
Esto permitiría eliminar parte de los vacíos encontrados por la Contraloría.
Además, a la Dirección de Inversión Pública se le indicó que debe fortalecer el ejercicio de sus competencias, actualizar y fortalecer sus metodologías, lineamientos y procedimientos para todos los ciclos de vida de los proyectos.
De igual manera deberá hacerlo con el diseño e implementación del proceso de capacitación necesario para fortalecer y generar el talento vinculado a esas funciones.
La administración de Carlos Alvarado ha prometido inversiones en carreteras como la Circunvalación Norte, el viaducto de la rotonda de las Garantías Sociales, el tramo Limonal-Cañas, el desnivel de la rotonda de La Bandera, el puente sobre el río Virilla en la ruta 32, la Interamericana Norte así como otros 60 proyectos cantonales.
El Poder Ejecutivo también anunció la inversión de ¢956.000 millones en obras pertenecientes al área de salud para los próximos tres años. Incluye la construcción de los hospitales de Cartago, Puntarenas y Turrialba, así como la Torre del Este del Hospital Rafael Ángel Calderón y el Centro Conjunto de Atención del Cáncer y el Torre de Quirófanos del hospital México.
Se espera la construcción de 50 establecimientos sede de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) y la edificación de 34 Áreas de Salud.
Este medio solicitó una reacción de la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Paulo Villalobos
