Paulo Villalobos
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acatar los cambios en la forma de pagar salarios a sus trabajadores, dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La Contraloría se pronunció, tras una denuncia planteada por siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Esta se interpuso en contra el acuerdo suscrito por la Caja y sus sindicatos el 12 de agosto de 2019.
La entidad contralora determinó que los pactos de la Presidencia Ejecutiva – avalados por el Ministerio de la Presidencia – con sus organizaciones laborales (adquiridos en febrero y agosto del presente año) “no constituyen actos administrativos declaratorios de derechos”. Por lo anterior, la entidad “debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad”, como el que anunciaron las partes.
El primer punto del acuerdo cedido por el Poder Ejecutivo a los gremios, fue pedir a un juzgado que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no aplique al sector salud en lo relacionado a anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses
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El objetivo era que un juez determinara cómo se debía proceder. El jerarca de la Caja, Román Macaya, y hasta el presidente Carlos Alvarado, defendieron el acuerdo, para evitar más días de huelga de los gremios, que causó la suspensión de miles de cirugías y citas de asegurados.
Parte de este punto implicaba un acuerdo con el Ministerio de Hacienda – que Presidencia debía buscar – para que pagara los dineros pagados de más a funcionarios, por no aplicar la reforma fiscal. Pero ese camino ya no se seguirá y la Presidencia desconoce cómo los recuperará
Ante el freno al acudir a juzgados, la Contraloría ordenó a la Junta Directiva de la Caja la aplicación inmediata de la reforma fiscal, en su título de remuneraciones.
La cúpula de la institución debe convocar una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días, para conocer el fondo del documento que le remitieron este jueves, y que tome los acuerdos respectivos para el acatamiento de las órdenes.
También la División de Fiscalización abrió una investigación por el convenio suscrito por Macaya. La Caja señaló que se pronunciará al respecto en el transcurso del día.
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Paulo Villalobos
