Paulo Villalobos
La Corte Suprema de Justicia ajustará el cálculo del salario de los trabajadores del Poder Judicial en acatamiento a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así lo dispusieron este lunes 13 magistrados, al acordar acatar una orden de la Contraloría General de la República (CGR), que en primera instancia criticaron con dureza.
La reforma fiscal transforma la estimación de los sobresueldos, al pasar de un cálculo porcentual a uno nominal. Con ello se busca desacelerar el crecimiento de los complementos salariales, pues se pagará un monto fijo y no ligado al salario base que aumenta.
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De hecho, la norma indica que cada institución debe tomar el porcentaje del incentivo correspondiente y calcularlo sobre el salario base que tenía el trabajador a enero de 2018.
Los otros cambios tienen que ver con el reconocimiento máximo de cesantía, establecido en la norma para ocho años, límite que el Poder Judicial acordó mantener en 12 años.
También se deben realizar modificación en la evaluación del desempeño, anualidad y de la carrera profesional, según un informe presentado este lunes por la Dirección Jurídica del Poder Judicial.
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Diferencias en cúpula
El magistrado Román Solís durante una sesión de Corte Plena. (Corte Suprema de Justicia)
En su decisión, los altos jueces optaron por suspender el artículo 14 del acuerdo de la sesión 11-2019 de Corte Plena, del 18 de marzo de 2019, mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz.
Este eximía de los cambios a los funcionarios contratados antes del 4 de diciembre de 2018, cuando entró en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Contra esta última parte se pronunciaron dos magistrados, quienes votaron a favor la propuesta impulsada por el magistrado Román Solís.
Además el acuerdo de este lunes establece la creación de una comisión que tendrá a su cargo la implementación de la orden de la Contraloría. Será conformada por Solís, Luis Porfirio Sánchez y Jorge Olaso.
En la votación se abstuvieron cuatro jueces de la Sala Constitucional; que deberán conocer el tema posteriormente.
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Cambio de actitud
El 6 de enero, la Corte Plena acordó instar a su presidente, Fernando Cruz, a iniciar una pugna legal con la Contraloría General, por la orden que le giró el 20 de diciembre de 2019 sobre el cálculo de las remuneraciones de los trabajadores judiciales.
El jerarca presentó un recurso de revocatoria y otro de apelación en subsidio, que fueron rechazados por el ente contralor.
En esa oportunidad los magistrados determinaron que hubo:
- falta de competencia de parte de la Contraloría, ya que el oficio lo giraron funcionarios del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en vez de su superior, Martha Acosta
- improcedencia ante la discusión de una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz, de la cual la Contraloría es coadyuvante
- carencia de legalidad en lo ordenado
- incumplimiento del artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública
Cruz criticó con dureza la disposición contralora y la consideró un ataque a la independencia judicial.
Paulo Villalobos
