Costo de vida y rumbo económico desaniman a ticos

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Alexander Ramírez/ El Observador

Analistas señalan que recursos deben usarse para enfrentar vencimientos de deuda endólares.

El costo de la vida y la situación económica del país mantiene desanimados a los costarricenses que cerraron el 2018 con más interrogantes que respuestas.

Así lo reveló la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) divulgada el 21 de noviembre pasado.

Según el estudio, las opiniones negativas de los ticos sobre el rumbo del país siguen en aumento y alcanzaron su punto más alto en esta medición con un 70%. A la inversa, las percepciones positivas continúan disminuyendo y ahora solo un 13% considera positivo el rumbo de Costa Rica.

El costo de la vida y la situación económica ocupan el primer lugar de los principales problemas nacionales (23%) y desplazaron a la inseguridad que mantenía el primer puesto en la medición de agosto pasado.

En segundo lugar se encuentra el desempleo (15%) y empatadas, en tercer lugar, la situación fiscal y la corrupción (12%).

Las opiniones negativas sobre la gestión del Gobierno y del presidente Carlos Alvarado también ha crecido desde marzo anterior.

En el primer caso (desempeño del Gobierno), las percepciones negativas se ubican ahora en un 55% y las positivas en un 24%. En el segundo (desempeño presidencial), un 52% lo ve de forma negativa y 30% de manera positiva.

Las muestras se realizaron por medio de llamadas a teléfonos celulares a un total de 1.007 personas mayores de 18 años los días 12, 13 y 14 de noviembre. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales. 

Mal manejo económico

Sergio Araya, politólogo y coordinador de Proyectos del Área Política para Costa Rica de la Fundación Konrad Adenuaer sostiene que los datos de la investigación confirman que impera el desencanto social.

Incluso, recuerda que en la mayoría de estudios de opinión pública los resultados sobre la situación personal tienden a ser más positivos que los de la situación del país.

Pero en esta investigación ambos datos están marcados en negativo.

Un 83% de las personas entrevistadas cree que la situación económica del país es negativa, mientras que sólo un 6% considera que es positiva y un 11% afirma que es regular. 

Más de la mitad, por su parte, estima que la situación económica le afecta mucho (56%), 24% dice que algo, 16% afirma que poco y 4% asegura que en nada.

«La gente habla de la posibilidad de restringir el consumo, ahorrar dinero, no comprar electrodomésticos. Todo indica una profunda preocupación, que con un clima negativo de inversiones genera un panorama bastante sombrío, que de alguna forma se achaca a la conducción económica por parte del Gobierno», amplía Araya.

El analista y consultor Claudio Alpízar asegura que las opiniones negativas sobre el desempeño del Gobierno y del Presidente se deben a que el mandatario ahora no representa los planteamientos originales que lo distinguieron en su campaña electoral y a la mala conducción económica de su equipo.

«Lo que fue su base electoral debe encontrar una gran confusión entre el mensaje del candidato y el del Presidente. En su gestión se le ha visto dubitativo, contradictorio y con un protagonismo muy limitado en los grandes temas», agrega.

La encuesta se realizó en medio de un contexto político complejo y con una alta polarización social por la delicada situación fiscal y el trámite legislativo del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que concluyó con su aprobación en segundo debate por parte del Congreso el 3 de diciembre anterior.

En ese momento la problemática fiscal se colocó con fuerza en el debate público y abrió paso a una fuerte y prolongada protesta de empleados públicos para oponerse a la aprobación de ese expediente legislativo.

Araya y Alpízar coinciden en señalar que la prolongación de la huelga evidenció también el estancamiento de los mecanismos de diálogo y negociación entre los grupos sindicales y el Gobierno, que terminó por generar incertidumbre sobre el estado económico del país y el curso lectivo de 2018.


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