Tomás Gómez
Los alcaldes arrancaron un nuevo mandato el pasado 1° de mayo pero sus planes de gobierno y los gastos municipales toparon con un factor poco predecible: el golpe de la pandemia en las finanzas de los gobiernos locales.
Solo durante el primer semestre del año, el golpe se acerca a los ¢9.000 millones, lo que equivale a un 2,1% de los ingresos del mismo período del año anterior, una situación agravada sobre todo en el segundo trimestre, cuando los efectos de la pandemia y las medidas del Gobierno para combatirlo comenzaron a intersificarse.
La situación tiene, además, diferentes grados de afectación según las particularidades de cada ayuntamiento, llevando la peor parte:
“Los ingresos originados por las actividades sustantivas de las municipalidades, tales como impuestos, tasas y tarifas, a mitad del período 2020, han mostrado una disminución en su recaudación, debido al cierre de los comercios, a la contracción de distintas actividades de la economía local, a la disminución de jornadas de trabajo y al cierre de actividades por días y semanas, en acatamiento a las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud ante la situación de emergencia nacional, situación que incide a su vez, en la disminución de los ingresos de muchas familias”, indica en diagnóstico de la Contraloría.
Por cobros específicos, las principales caídas se reportan en:
- Bienes inmuebles: Coto Brus, Upala y San Pablo.
- Patentes: Quepos, La Cruz y Acosta.
- Servicios (basura, limpieza): La Cruz, San Pablo y San José.
La pandemia achicó aún más el ya pequeño presupuesto de Zarcero (Cortesía)
Otros ¢26.000 millones en juego
El freno de recursos ha puesto a los municipios a generar ajustes al plan de gastos original ya sea para rebajar las inversiones proyectadas o refinanciarlas, una medida que podría no ser suficiente según la advertencia de la Contraloría.
De mantenerse la tendencia actual, además de la caída en los ingresos directos hay ¢25.894 millones provenientes de transferencias del Gobierno Central que también podrían dejar de recibirse.
Construcción de edificios, vías de comunicación terrestre, adición y mejoramiento de obras, acueductos, alcantarillado, son parte de los proyectos que podrían quedar pendientes según el ente contralor.
Así, cada gobierno local comienza a buscar alternativas que van desde transferencias específicas de instituciones locales como Judesur hasta usar las autorizaciones generales de la Ley 9848 que permite exceder el gasto permitido en actividades administrativas con motivo de la pandemia.
La ley 9843 permitió al Depósito Libre de Golfito a transferir recursos a las municipalidades de la Zona Sur para financiar gastos corrientes durante la pandemia, una figura que ya buscan Buenos Aires, Coto Brus, Golfito y Osa, con presupuestos extraordinarios por ¢1.200 millones (Judesur)
