Mal momento económico y trabas legales complican uso de superávits públicos para emergencia por coronavirus

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El Gobierno continúa en su búsqueda desesperada de recursos para afrontar las consecuencias económicas del coronavirus COVID-19 y con esa intención le dio un nuevo aire al proyecto de ley para acceder a los superávits de algunas instituciones autónomas.

Conocida como «Pagar», la iniciativa pretende acceder al superávit de 11 instituciones, recaudando cerca ¢225.000 millones que originalmente se destinarían a la amortización de deudas pero que ahora podrían ir también a la atención de la pandemia.

El plan requiere de aprobación legislativa por lo que los diputados pidieron criterio a los entes afectados, de los cuales 3 mostraron reticencia y uno más matiza sus capacidades de apoyo.

Uno de los casos más llamativos es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quien alertó que la pandemia dañará severamente sus ingresos y que sacar recursos para fines adicionales implicaría un cierre técnico de la institución.

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«Equivale a quitarle la materia prima al sector turístico, es decir, la capacidad de invertir en fortalecer el sector en las áreas de mercadeo y en otros apoyos diversos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las que representan cerca del 94% del total de empresas del país, muchas de las cuales no tienen capacidad de hacerlo con recursos propios, máxime después de varios meses en los que tendrán ingresos cercanos a cero. Ante ello, las campañas promocionales de destino que realiza el ICT, son la única forma que se tiene para procurar una pronta recuperación del destino», advirtió el ICT en sus observaciones.

La Junta de Protección Social, por su parte, indicó que de los ¢34.000 millones proyectados podría trasladar solo ¢19.000 millones. Esto por cuanto el coronavirus conllevó la suspensión de sorteos y por tanto bajó los ingresos a la institución.

La JPS agregó que su edificio requiere mejoras urgentes y que además debe cooperar con las mejoras del Hospital Geriátrico.

A ellos se sumó el sector tecnológico, del que se pretendían obtener ¢23.000 millones.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) alegó que sus recursos se encuentran comprometidos y que dependen además de destinos específicos que impiden una libre disposición.

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Por su parte, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones rechazó su participación en la iniciativa pues el escenario de emergencia requiere garantizar la conectividad de todos los sectores y se requiere contar con los recursos.

«De prosperar esta iniciativa de ley, se atentaría contra el Fonatel, mecanismo que permite garantizar la universalidad y solidaridad del acceso a los servicios de telecomunicaciones de las poblaciones vulnerables», suscribieron.

El Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó el proyecto PAGAR durante su interpelación en el Plenario a inicios de febero, Los recursos ahora podrían tener un nuevo destino. (Presidencia)

Los que dicen sí y los pendientes

Existe un grupo de instituciones que ya dieron su aval al traslado de recursos, el cual abarca a:

  • Instituto Nacional de Aprendizaje: ¢33.000 millones
  • Instituto de Desarrollo Rural: ¢17.000 millones
  • Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico: ¢536 millones

Además, deberán pronunciarse las juntas administrativas de la Imprenta y el Registro Nacional y la Oficina de Cooperación Internacional para la Salud.

El plan también contempla utilizar ¢9.500 millones resultantes de la liquidación de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), a cargo de Recope, y una parte de las transferencias del Instituto Nacional de Seguros al Consejo de Salud Ocupacional provenientes de las pólizas por riesgos de trabajo.

Rumbo al billón

«Pagar» se incluye en el paquete del Plan «Proteger», una inciativa con la que el Poder Ejecutivo salió a la caza de liquidez para financiar la atención médica del coronavirus y sus posteriores impactos en la economía.

La lista incluye también los préstamos suscritos con el Banco de Desarrollo América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo por un total de $880 millones. Estos recursos irían a descarbonización y amortización de deuda pero ahora tendrán un nuevo uso.

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Además, se incluyó la ley para destinar el recorte de las pensiones de lujo a programas sociales y se pretende vender bonos respaldados por las ganancia del INS para los próximos doce años.

La meta de Casa Presidencial es alcanzar una recaudación de un millón de millones de colones, un plan que estará supeditado a su avance en el Congreso.

El Congreso está sesionando actualmente en el Auditorio Nacional para mantener el distanciamiento social entre los diputados. Ya aprobaron el préstamos con CAF y el redireccionamiento al recorte a las pensiones de lujo (Cortesía)


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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