Tomás Gómez
El espacio de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, sigue reduciéndose en medio de críticas que llegan desde la sociedad civil, la Asamblea Legislativa y hasta dentro de la propia institución.
A mediados de la semana anterior, 68 funcionarios y 13 directores de la entidad pidieron a los diputados (jefes inmediatos de la Defensoría) una investigación sobre el trabajo de la jerarca.
La solicitud tuvo eco en el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, quien esta mañana anunció la creación de una comisión de siete diputados que dictaminará el proceder de la defensora Crespo para que el Plenario tome la decisión final.
“He tomado la decisión de conformar una comisión de siete miembros, para que en un plazo de 15 días hábiles emita un informe sobre las actuaciones de la Defensora de los Habitantes, y que luego el Plenario Legislativo determine si incurrió o no en alguna negligencia notoria o en una violación al ordenamiento jurídico”, anunció Cruickshank.
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Al mismo tiempo en que se anunciaba la creación de la comisión especial, más de 100 grupos y activistas relacionados con la promoción de los Derechos Humanos lanzaron una carta abierta en la que piden la renuncia de la jerarca.
Según el escrito, la gestión de Crespo ha demostrado desconocimiento técnico-jurídico del tema. “Con sus acciones y omisiones ha promovido una deslegitimación de la Defensoría tanto a lo interno como a lo externo, poniendo en riesgo su funcionalidad”, reclama la carta.
De acuerdo con los firmantes, la Defensoría dejó de brindar apoyo a la sociedad civil en temas de pueblos indígenas, mujeres, diversidad sexual y otros con los que siempre se había trabajado estrechamente.
Semanas críticas
La intervención hecha en Casa Presidencial en medio del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) puso a la Defensoría de los Habitantes bajo la lupa, en especial luego de trascender la pérdida de una parte del audio de la entrevista al presidente Carlos Alvarado.
Diputados de diversas fracciones exigieron la salida de Crespo durante la presentación del informe anual de labores a finales de junio, pero la jerarca se aferró al puesto.
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La renuncia también había sido exigida por el Consejo de Directores, al cual la propia Defensora le quitó sus funciones dos semanas atrás.
Hoy la institución anunció una reforma a dicho Consejo, en el que ahora pretende incluir a funcionarios de menor rango de la institución, organizaciones y denunciantes.
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