De auditorías informáticas a moción de censura: diputados afilan estrategias contra unidad de datos del Gobierno

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La intención del Gobierno de autohabilitarse para recabar información confidencial de los costarricenses no logró sostenerse por más de una semana y aunque el decreto fue derogado desde el viernes, los diputados anuncian que el conflicto «apenas comienza».

El decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y las declaraciones de la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, donde se admitía que funcionarios de Casa Presidencial trabajan desde hace meses intensifican los cuestionamientos.

De cara a la semana legislativa, diversas fracciones anuncian un paquete de medidas que incluye investigaciones, auditorías, una moción de censura y llamadas a comparecer.

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El diputado independiente Erick Rodríguez y el republicano Dragos Dolanescu confirmaron que se trabaja en mociones para:

  • Interpelación de funcionarios: se llamaría a comparecer al presidente Carlos Alvarado y al Ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
  • Voto de censura: dirigido en contra del Gobierno por la creación de la UPAD con amplios poderes.

«Es una clara violación a derechos fundamentales de los costarricenses consagrados en nuestra Constitución y distintos tratados internacionales. Las cosas hay que verlas como son y sin adornos; no estamos cuestionando una mala decisión política del Gobierno Alvarado y sus aliados, estamos frente a una serie de conductas que pueden ser consideradas delito por parte del Presidente, ministros y funcionarios de gobierno directamente bajo la supervisión y responsabilidad del Presidente Alvarado», dijo Dolanescu este domingo.

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«La forma de operar del PAC al estilo «Gestapo» (policía nazi) no es nueva. Se demuestra en la torpeza y la estupidez al publicar un decreto cuando ellos ya están tomando datos. Lo que me hace gracia es que son ellos los que se hacen las víctimas cuando son ellos los que están atacando», agregó Rodríguez.

A ellos se sumó la legisladora independiente Zoila Rosa Volio quien cuestionó la legalidad de la acciones gubernamentales.

«La Constitución Política en su artículo 24 es muy clara en la protección de toda nuestra intimidad. Esta situación hay que analizarla si no está tipificada también el Código Penal sin autorización del titular», analizó Volio.

Vienen investigaciones

Además de las acciones puntuales, las bancadas de oposición adelantan investigaciones sobre el decreto y las acciones que ya se habían desarrollado en Casa Presidencial referentes a la posesión y manejo de datos.

Así lo confirman las jefas de las bancadas mayoritarias, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana.

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Por sus redes sociales la jefa verdiblanca, Silvia Hernández, expresó que «los firmantes le deben explicaciones al pueblo de Costa Rica y como fracción valoraremos que acciones tomar contra los Ministros de Gobierno que son copartícipes de semejante ocurrencia».

Vía telefónica, la coordinadora del PUSC, María Inés Solís mencionó que los planes de datos coinciden con los de gobiernos totalitarios.

«Hay que llegar a todas las instancias que corresponda: el Tribunal Supremo de Elecciones, la Fiscalía, la Sala Constitucional. No se vale que el Ejecutivo pretenda manipular datos y usar datos confidenciales de las y los costarricenses para sus intereses políticos», dijo.

También se mostró indignada Ivonne Acuña de Nueva República, indicando que «todas las iniciativas que Casa Presidencial intenta esconder deben ser apoyadas» y el encargado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, quien fustigó las intenciones del decreto considerando la protección que ya existe a los datos personales.

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«La historia nos ha enseñado que estos experimentos terminan siempre en la formación de un Estado policiaco, que usa sus recursos ya no para beneficiar a la gente sino para perseguirla por sus ideas. Estamos frente al caldo de cultivo de una verdadera policía política que pasaría por encima de los derechos fundamentales «, suscribió Avendaño.

Las fracciones consultadas coincidieron también en que durante la semana analizaran medidas más fuertes como pedir la intervención de la Fiscalía General de la República o el establecimiento de una auditoría informática que valore los hechos acontecidos en la Presidencia.

La agenda legislativa anuncia fuertes cuestionamientos contra el presidente Carlos Alvarado y la UPAD esta semana (Paula Ruiz/El Observador)

Presidencia, entre «abierta» y disfrazada

Consultada por El Observador el sábado, la Ministra de Comunicación -a quien Casa Presidencial asignó la vocería del tema pese a no ser firmante del decreto- dijo que la institución está abierta a responder todos los cuestionamientos.

Para el lunes, anunció una conferencia de prensa para explicar el trabajo que han realizado, sin embargo, no se ha revelado en qué momento dará explicaciones el presidente Carlos Alvarado.

Además, el lunes arrancará una investigación de la Defensoría de los Habitantes.

Dicha auditoria fue disfrazada por el Poder Ejecutivo como una «invitación», lo cual fue desmentido por la jerarca Catalina Crespo.

OBSERVE MÁS: Defensora advierte a Casa Presidencial sobre oficina de datos: “Vamos a fiscalizar al Gobierno”


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

Tomás Gómez
Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho. Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.

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