La detección del primer caso de COVID-19 en el personal penitenciario y la orden de aislamiento dictada para la una de las unidades de La Reforma desató preocupación en la Defensoría de los Habitantes, que emitió una alerta temprana por la situación.
Por medio de un oficio dirigido a los ministerios de Salud y Justicia y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la defensora Catalina Crespo exigió la presentación de los planes de acción y coordinación entre instituciones para prevenir los contagios y atender a los enfermos.
“No se puede desconocer que de acuerdo a las características de los centros penitenciarios, se evidencia la urgente necesidad de extremar las medidas de fortalecimiento y acompañamiento de los equipos de atención de la salud en los centros, siendo preponderante y necesario que se valore la posibilidad de apoyar con recursos humanos, logísticos y asesoría técnica que permitan un mejor abordaje de la pandemia en los centros penitenciarios”, indicó la jerarca.
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La Defensoría destacó que actualmente el personal de salud en los centros penitenciarios es mínimo, y que a eso se suman las dificultades del Ministerio de Justicia para sustituir a trabajadores, lo que se torna más grave en medio de la emergencia.
Además, mencionó que aunque ya exista un plan de contingencias es necesario que se preparen protocolos específicos para la población privada de libertad.
Unidad en aislamiento
Luego de que el fin de semana anterior un policía penitenciario fuera diagnosticado con el coronavirus se estableció que la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, ubicada en la cárcel Jorge Arturo Montero (antes conocida como La Reforma), en la cual trabaja, permanezca 14 días en aislamiento.
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En ese ámbito permanecen 763 privados de libertad.
La medida se extendió también para los trabajadores de ese sector de la cárcel, incluyendo vigilantes y personal técnico y administrativo.