Paula Ruiz
La Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de la Presidencia se contradicen en sus versiones sobre la presencia de Daniel Soley, asesor de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en la Defensoría para hablar sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Catalina Crespo, defensora de los Habitantes dijo este lunes -durante la audiencia en la Comisión Legislativa de la UPAD- que luego de iniciar la investigación sobre el caso, recibió la visita de Soley el 20 de mayo anterior de manera sorpresiva.
“Él estuvo reunido alrededor de una hora, estábamos la defensora adjunta y yo. Los temas que tocó con nosotras fueron temas bastante generales, mencionó la UPAD y según mi memoria me dijo que la DIS y el SART estaban relacionados y querían que la Defensoría se metiera. Yo le dije que no sabía qué era eso y que necesitaba información”, declaró Crespo
El SART es el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana que ha sido criticado por la diputada Silvia Hernández y el independiente Jonathan Prendas, al considerarlo una extención de la UPAD.
Soley fue exviceministro en la administración Solís Rivera sin embargo, presentó su renuncia en 2015 luego del escándalo de que él le ofreció una embajada a la entonces Procuradora, Ana Lorena Brenes para que dejara el cargo.
Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes (derecha), reconoció que se reunió con Daniel Soley de manera informal. Cortesía
Soley también fue exdefensor adjunto entre 2005 y 2009, por lo que conoce el papel de la institución.
OBSERVE MÁS: Desaparece una parte de las entrevistas que cursó la Defensoría sobre caso UPAD
En seguimiento a esta visita, la Defensora envió un oficio a la Presidencia de la República, el viernes 12 de junio, para tener claridad sobre el objetivo de la reunión que sostuvo con Soley y saber quién lo mandó y porqué un funcionario de la DIS llegó a su institución para plantear temas relacionados con datos.
“Me pareció muy rara esa visita”, confirmó la Defensora.
Sin autorización
Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, respondió que la visita del asesor no fue ni bajo las instrucciones de él, ni de Eduardo Trejos, director de la DIS.
“Es por ello que mediante oficio DIREC-DIS-051-2020 el señor Director General de la DIS indica que ‘esta Dirección no ha solicitado ninguna reunión del Licenciado Daniel Soley con la señora Defensora’ y que fue ‘informado por el Licenciado Soley que la Defensora Catalina Crespo le contactó y, que le había solicitado un espacio a la hora del almuerzo para conversar sobre su experiencia como ex Defensor Adjunto'”, indicó Prieto en la nota dirigida este lunes a Crespo.
“Le reitero, una vez más, que la visita del señor Soley no fue de ninguna manera con instrucciones mías ni del señor Director General de la DIS, para conversar del SART ni de ningún otro tema“, agregó.
El funcionario de la DIS deberá rendir cuentas ante la Comisión Legislativa, luego de la aprobación de una moción por unanimidad.
Se intentó corroborar y ampliar con Soley, sin embargo, no fue posible contactarlo al cierre de esta nota.
Daniel Soley se apersonó a la Defensoría para tener detalle de la investigación que se realizaba. Lo hizo en su condición de funcionario de la DIS. Foto pública en su perfil de Facebook.
Llamadas desde el Ejecutivo
Crespo también confirmó que recibió una llamada por parte de Juan Luis Bermúdez, actual jerarca del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y de Emilio Arias, exjerarca de esa misma institución quien ahora es embajador de Costa Rica en Guatemala.
El contexto de las llamadas se remonta a que el 28 de febrero (cuatro días después del encuentro en Casa Presidencial), la Defensoría emitió un informe luego de la investigación realizada sobre la UPAD.
“Recibí dos llamadas: una del presidente IMAS, en desacuerdo, con la conferencia de prensa y preguntó si yo iba a rectificar y le dije que los datos que dije eran correctos”, indicó.
“Luego el embajador de Costa Rica en Guatemala fue a decirme que había trabajado con estos datos y que no había conexión entre Sinirube y EDUS”, agregó.
Crespo defendió ante los diputados que la institución a su cargo, pudo comprobar que la UPAD tuvo acceso a datos sensibles del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) a través de convenios que autorizaban conexión directa a las bases de datos.
Además, el equipo de la UPAD tuvo acceso a la Encuesta Nacional de Hogares, del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), además de otras entidades públicas mediante convenios.
OBSERVE MÁS: ¿Qué pasó con la intervención del ministro Rodolfo Méndez en Presidencia por la crisis de la UPAD?
