Paula Ruiz
La diputada Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), abogó por la exclusión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Junta de Protección Social (JPS) del proyecto “Pagar”, que pretende utilizar el superávit de instituciones públicas en favor del Gobierno.
Inicialmente la iniciativa pretendía pagar parte de la deuda pública. Sin embargo con el escenario de la pandemia por coronavirus podrían ser utilizados para su atención.
Delgado se respalda en las respuestas emitidas desde marzo anterior por los entes públicos, quienes incluso solicitaron un análisis minucioso sobre su permanencia en el proyecto de ley.
Dentro de sus observaciones está el hecho de que las entidades ya tenían los dineros comprometidos.
Según el Gobierno el proyecto N°21794- Proyecto Para el Pago de Intereses y Amortización de la Deuda Pública, Reformas a la Ley de Eficiencia de la Administración de los Recursos Públicos (PAGAR) logrará una importante reducción del gasto y permitiría el pago de más de ¢226.000 millones a la deuda pública. Pero con la emergencia el panorama cambió.
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En el caso de la JPS, el Poder Ejecutivo pretende utilizar ¢34.000 millones de superávit. Pero la entidad liderada por Esmeralda Britton reconoció que solo pueden trasladar ¢19.000 millones.
Lo anterior por pérdidas que ascienden a ¢8.500 millones por la suspensión de la lotería debido a la pandemia, así como la proyección de compra y construcción de un inmueble por ¢10.000 millones, traslado que será necesario por la ampliación del Hospital Raúl Blanco Cervantes en las instalaciones actuales de la Junta.
Por su parte Sutel pidió a los legisladores “considerar los elementos jurídicos señalados en el trámite del proyecto en consulta”. Estos son:
- derecho fundamental de acceso a Internet
- universalización y principios de igualdad y justicia social
- autonomía institucional, administrativa y financiera
- el afectar el cumplimiento de funciones y compromisos de Ley General de Telecomunicaciones
Cuadro realizado por la Contraloría General de la República, que se encuentra en el informe DFOE-SAF-0166 del 3 de abril.
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ICT viejo
El viernes anterior, el Ejecutivo planteó a los diputados la exclusión del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y sus fondos del proyecto Pagar.
Delgado reconoció que desde la llegada de la iniciativa a la Asamblea Legislativa, envió a las entidades envueltas en Pagar, un criterio para conocer en detalle si estaban de acuerdo o no.
El Gobierno pretendía utilizar ¢25.804 millones del ICT. No obstante declinaron de optar por la transferencia debido a que el sector turismo es el más golpeado con la crisis de COVID-10.
El proyecto Pagar se presentó antes de la crisis provocada por la emergencia sanitaria, que conllevó al cierre de fronteras y con ello la afectación al turismo, que se encuentra en la tempo.
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