Paula Ruiz
Los diputados aprobaron un proyecto de ley en primer debate para imponer un 5% de impuesto sobre el precio neto de venta, al cemento importado para consumo nacional.
El expediente 19.732 establece que los ingresos producidos por la importación de cemento, será distribuido por la Tesorería Nacional de la siguiente forma:
- Un 15% distribuido de manera igualitaria entre todas las federaciones de municipalidades del país. Los recursos girados no podrán ser utilizados en gastos administrativos.
- Un 85% entre aquellos a quienes se les haya girado recursos de lo recaudado por el impuesto a la producción del cemento nacional.
Este proyecto estuvo paralizado en el Congreso desde que explotó el caso del “cemento chino” ya que incluso la misma Procuraduría General de la República (PGR) señaló en un informe de 2019 que el exdiputado Víctor Morales Zapata le ayudó a Juan Carlos Bolaños a frenar esta iniciativa.
La legisladora Paola Vega aprovechó para declarar que este tributo se traduce en un impuesto verde.
Desigualdad en el olvido
En cuanto al de producción nacional, en la actualidad ese tributo está vigente para los que se produzcan desde Guanacaste, San José y Cartago, lo cual se mantiene. Aunque lo equipara para el resto de provincias.
En el caso de las tres provincias actuales, los legisladores realizaron una distribución de los recursos mediante una moción de reiteración. Por ejemplo, en el caso de Guanacaste, será de 25% para la Municipalidad de Abangares y el 75% restante a los demás Gobiernos Locales de forma equitativa.
El liberacionista Luis Fernando Chacón fue claro en que no se trata de un nuevo tributo, sino que implica una mejor distribución de recursos para mitigar el impacto ambienta.
Con respecto de las provincias que se instalen en Limón, Heredia, Puntarenas o Alajuela, cuando se convierta en Ley de la República, las ganancias tendrán la siguiente distribución:
- 50% para la municipalidad del cantón donde se de la producción.
- 10% para Federaciones de Asociaciones de Desarrollo de la provincia respectiva.
- 40% en partes iguales para las municipalidades de los cantones restantes de la provincia respectiva.
“Los recursos recaudados tendrán como destino la inversión en infraestructura, proyectos de desarrollo comunal o proyectos educativos, los cuales no podrán utilizarse para financiar gastos de ninguna índole”, detalla el proyecto aprobado.
Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso manifestó que, aunque si bien ya este país no soporta más ingresos, se generaba una “odiosa diferencia” lo que implicaba desventaja entre las empresas.
Actualmente Cementos Fortaleza de capital mexicano, opera en Esparza, Puntarenas sin tener que pagar el impuesto.
El Banco Central continuará siendo el encargado de la recaudación, fiscalización, administración y distribución de este tributo, según plasmaron los legisladores en el texto.
Su segundo debate fue fijado para el próximo jueves.
