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Diputados aprueban informe para reabrir investigación contra Solís por cementazo

Con 38 votos a favor y 6 en contra, los diputados aprobaron el informe de mayoría afirmativo de la Comisión…

Por Paula Ruiz

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Diputados aprueban informe para reabrir investigación contra Solís por cementazo
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Con 38 votos a favor y 6 en contra, los diputados aprobaron el informe de mayoría afirmativo de la Comisión Especial de Procuraduría, donde se recomienda la reapertura de la investigación contra el expresidente Luis Guillermo Solís por el caso del cemento chino en la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

En el documento aprobado, los legisladores dejan evidencia de que, hubo injerencia por parte de Casa Presidencial y con conocimiento de Solís, en relación con la tramitación del crédito en favor de Juan Carlos Bolaños, para la importación del cemento chino.

De esta forma, instan a la Procuraduría a retomar este caso, dada la premura con la que se investigó el caso, del cual, el exmandatario quedó exonerado de toda responsabilidad, pese a las claras evidencias documentales y testimoniales.

El informe contó con el voto de todas las bancadas y solo contó con la oposición del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En primera instancia, Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso quien formó parte de los integrantes del foro, reconoció que la investigación realizada por la PEP fue “pobre”, ya que incluso, se limitaron a realizar solamente 2 entrevistas a empleadas del Ministerio de Economía.

OBSERVE MÁS: Investigación de la Procuraduría sobre Luis Guillermo Solís y cementazo no convence a diputados

Entonces, no hubo entrevistas adicionales de Solís, ni nada adicional a lo estipulado por los diputados (del período 2014-2018) quienes realizaron una amplia investigación sobre el cementazo y que, precisamente, los llevó a trasladar dichos hallazgos a la PEP.

“Hay mucha tela que cortar y creemos que a partir de la investigación, la Procuraduría de la Ética Pública puede mejorar sus procedimientos, contribuir a mejorar sus investigaciones y revisar qué pasó y darnos un producto distinto”, sentenció.

El documento fue presentado por 6 diputados de la Comisión y respaldado en Plenario por 38 votos.  (Paula Ruiz/El Observador)

Sin nuevos hallazgos

En contraparte, Laura Guido diputada oficialista, fue la encargada de defender la investigación contra Solís.

Guido participó en la Comisión Especial y, entre sus argumentos de defensa, se encuentra que no hubo nuevos elementos de los ya conocidos para la reapertura del caso.

De igual forma, achacó a Gonzalo Ramírez, entonces presidente del Congreso (2017-2018) la responsabilidad, pues no lo comunicó ni al Plenario, ni a sus asesores, la notificación recibida desde la PEP, sobre el documento donde se exoneró a Solís de faltas al deber de probidad.

Eso implicó que, ni los diputados actuales, ni los del período anterior, tuvieran posibilidad de refutar la decisión.

La oficialista criticó que, el informe de mayoría no emitía responsabilidades contra Ramírez, posiblemente, en resguardo de la papeleta municipal por la alcaldía de San José para las elecciones de febrero próximo.

Lo anterior, en alusión a que Paula Vargas, candidata a la vicealcaldía, quien acompaña al liberacionista Johnny Araya en la fórmula, es esposa de Ramírez.

Su compañero de bancada Mario Castillo, aseguró que con esta Comisión, se busca deshonrar personas y cuestionar la institucionalidad costarricense.

“Socavar la institucionalidad y el sistema de pesos y contrapesos, debe ser el resultado de señalamientos con mucho sustento para no perjudicar principios básicos de la democracia. Esta comisión investigadora lo que hizo fue desvirtuar la naturaleza de su conformación, estirar argumentos, señalar a personas que no tuvieron oportunidad de defenderse”, dijo.

Otras recomendaciones:

-Abrir una investigación interna en la PEP sobre aquellos funcionarios que trabajaron entorno al caso de Solís, así como con la notificación.

– Investigar por qué no quedó registro de correos electrónicos internos entre los procuradores Tatiana Gutiérrez y Ronald Víquez, que demuestren intercambios de información y borradores sobre el caso.

-Instan a la Procuraduría de la Ética Pública y al Ministerio Público a verificar si, las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno, incurrieron en una posible violación al principio de legalidad, por destitución de miembros en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.

-Presentar un informe sobre el estado de los casos pendientes en la PEP, relacionadas con el cemento chino.

A continuación puede leer el informe que esta noche fue aprobado en Plenario: Documento completo