Paula Ruiz
Los diputados apuran el paso para la aprobación del proyecto de ley 20.961 que pretende incluir dispositivos tecnológicos como códigos QR, códigos de barras y etiquetados a bebidas alcohólicas que ingresen al país, así como los producidos a nivel local, con tal de diferenciarlos de licor adulterado.
La iniciativa fue presentada en agosto de 2018 y se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos. En el texto sustitutivo aprobado el 25 de junio, se establece como encargados de colocar el código al Ministerio de Hacienda y el de Economía, Industria y Comercio.
La urgencia por este proyecto surge porque la Unidad de Vigilancia de Salud del Ministerio de Salud, contabiliza 17 muertes sospechosas por intoxicación con metanol entre junio y julio.
De acuerdo con Roberto Thompson, presidente de este foro, el próximo miércoles 24 de julio vence el plazo para recibir consultas realizadas sobre el proyecto de ley a diversas instituciones.
Esto, podría conllevar a que el dictamen se genere el martes 30 de julio. De lo contrario, Thompson sostiene que pedirán al Gobierno de la República su convocatoria para las sesiones extraordinarias durante agosto.
Durante ese mes, el Poder Ejecutivo tiene el control sobre la Asamblea Legislativa en cuanto a las iniciativas por discutir tanto en las comisiones como en Plenario.
“(Las muertes) nos ponen en evidencia la necesidad de legislar porque probablemente hay muchos otros que han resultado lesionados”, reconoció el liberacionista.
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La iniciativa también permite a los inspectores municipales hacer un control en establecimientos comerciales sin necesidad de exámenes de laboratorio.
La ausencia de esos mecanismos de control, expone a los centros comerciales a cierres provisionales por 15 días naturales e incluso de forma definitiva, así como la cancelación de patentes y licencias, según indica la propuesta.
Ambiente legislativo
El informe AL-DEST-IJU-041-2019 emitido el 1 de febrero por el Departamento de Servicios Técnicos señala que convertirse en Ley de la República, requiere de 38 votos como mínimo en el Plenario.
Thompson señaló que hay un buen ambiente legislativo por lo tanto, espera poder negociar las mociones necesarias para modificar el texto; pero con el afán de realizar ese trámite en el mismo Plenario, para evitar que el proyecto regrese a Comisión para ese fin.
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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional del Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Policía de Control Fiscal.
Según Nixon Ureña, miembro de la Junta Directiva, este instrumento los volvería “más eficientes a la hora de enfrentar este tipo de problemática social que vivimos en estos momentos”.
Mientras Irving Malespín, director de la Policía de Control Fiscal declaró sobre la urgencia de aprobar el proyecto de ley, pese a que ya esta práctica se está dando con los productos provenientes del Depósito Libre de Golfito.
Colaboró la periodista Katherine Ulate.
