Paula Ruiz
Los diputados decidieron mantener la propuesta inicial del proyecto de ley, que busca obligar al Ministerio de Hacienda a tener un sistema de rastreo de licores mediante códigos de barras y QR. Eligieron ese camino, en vez de ser optativo, como lo planteó Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso.
La Comisión de Asuntos Económicos rechazó las dos propuestas de Benavides, hechas a través de mociones al proyecto de ley 20.961 “Ley Contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico”.
Las mociones de Benavides contaron con la oposición incluso de José María Villalta, quien no forma parte de la Comisión. Pero llegó a la sesión a defender y hablar en contra de algunas propuestas.
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Según Villalta, aprobar lo indicado por el jerarca legislativo, conllevarían básicamente a su archivo. Lo secundó la oficialista Paola Vega. La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), defendió que la legislación quiere imponer sanciones y controles sobre el alcohol adulterado y el contrabando de licores de forma obligatoria.
“No estamos hablando de lenguaje facultativo optativo sino, la ley es para tener parámetros estrictos”, dijo Vega.
Las críticas hacia la compra del sistema surgieron desde el propio Ministerio de Hacienda. El exviceministro Nogui Acosta reclamó que el costo del sistema sería más alto que la recaudación esperada.
A las críticas se sumaron sectores industriales. También argumentan un aumento de costos en comparación con los beneficios para el país.
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Contratación Administrativa
Los diputados sí aprobaron una moción del PAC, para que en caso de que el Ministerio de Hacienda requiera contratar algún proveedor externo de servicios para la implementación de la Ley, deba seguir el proceso según la Ley de Contratación Administrativa.
Tendrá que regirse con los parámetros de una licitación pública, abierta y transparente.
La moción aprobada indica que “el proceso de elección del proveedor será exclusivo del Departamento del Ministerio de Hacienda encargados de los procesos de licitación y no se podrá delegar a ninguna comisión, comité, órgano u ente interno o externo a ese Ministerio”.
De antemano, se excluyen proveedores con antecedentes por corrupción tanto a nivel nacional como internacional.
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