Tomás Gómez
Este martes, el trabajo de la Asamblea Legislativa arrancó temprano con el objetivo de volver a votar en primer debate el proyecto de “Ley para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos”.
A las 9:45 , 47 diputados arrancaron una sesión extraordinaria donde el único punto de la agenda es el expediente 21.049.
Cada legislador tendrá derecho a hablar 10 minutos sobre la propuesta.
La intención de los diputados es completar hoy la primera votación y el jueves completar el trámite de aprobación de la reforma.
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Nuevas reglas de juego
El nuevo esquema de regulación de las huelgas fue impulsado por el liberacionista Carlos Ricardo Benavides y recibió trámite expedito en una comisión especial.
Entre otros cambios, destacan:
- prohibición de huelgas por motivos políticos o repetidos
- posibilidad de suspender el pago de salarios a los huelguistas
- ampliación de los servicios esenciales donde se prohíben los paros
- habilitación de notificación electrónica a los sindicatos
- procesos judiciales más expeditos
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Impulso desde todos los sectores
La iniciativa había recibido una primera aprobación de 40 diputados en setiembre anterior, pero dos consultas a la Sala Constitucional frenaron el proceso.
Al revisar el proyecto, los magistrados encontraron dos vicios el texto:
- la posibilidad de disolver sindicatos
- y la declaratoria de algunos servicios judiciales como esenciales sin consulta a la Corte Plena
La Comisión de Consultas de Constitucionalidad recomendó eliminar los artículos cuestionados, para poder terminar con el ciclo de aprobación del proyecto, idea que fue aprobada de manera unánime por el Plenario el lunes.
El Gobierno y los sectores productivos han insistido en las últimas horas en la urgencia de aprobar el proyecto. El país busca evitar movimientos excesivos como el del 2018, cuando la huelga de empleados públicos contra el plan fiscal generó pérdidas por ¢138.000 millones según el Banco Central.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, amenazó que de aprobarse el proyecto, lo enviarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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