Paula Ruiz
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos solicitaron al Ministerio Público investigar a los exfuncionarios y trabajadores actuales que se vieron involucrados en la construcción de una soda por un monto de ¢1.100 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Tras una investigación legislativa, determinaron que en la administración Chinchilla Miranda, se presupuestaron ¢235 millones, pero en el Gobierno de Luis Guillermo Solís se aumentó a ¢1.100 millones, es decir, un aumento de más del 300%.
Dentro de los responsables según los diputados están:
- Luis Felipe Arauz: Ministro del MAG en ese momento, por autorizar dicho gasto
- Ana Cristina Quirós: en su puesto como Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera del MAG. Es la actual viceministra. La catalogan como la responsable del proyecto de construcción y posible tráfico de influencias para dar la concesión a una empresa determinada
- Marco Vinicio Jiménez Salas: Director del Servicio Fitosanitario del Estado, como máximo jerarca de esa institución de donde se tomaron los recursos
Sobre este último, los legisladores concluyeron que recursos utilizados para la construcción de la soda provinieron de los superávits del Servicio Fitosanitario del Estado, lo cual contraviene la Ley de Protección Fitosanitaria No 7664, que en su artículo 64 dice que “los recursos que perciba, se utilizarán única y exclusivamente para fortalecer, desarrollar, actualizar y mejorar los servicios que el Servicio Fitosanitario del Estado presta”.
La investigación liderada por la verdiblanca Franggi Nicolás pidió trasladar el “expediente al Ministerio Público para que investigue la eventual comisión de varios delitos por parte de funcionarios del MAG y para que establezca la eventual responsabilidad de los mismos”.
“Este caso de la soda del MAG es un ejemplo de que al gobierno de Carlos Alvarado y al gobierno de Luis Guillermo Solís poco les ha importado tener austeridad en tiempos de crisis fiscal y esto no es de recibo, en tiempos de crisis fiscal no podemos permitir este tipo de privilegios.
“Además se pudo comprobar una serie de acciones no solamente para llevar a cabo una soda multimillonaria de costos desproporcionados, igualmente, en apariencia se puede ver que existió una red para favorecer a una empresa en particular”, declaró Nicolás.
Otro de los puntos señalados en el informe tiene que ver con la comprobación de que el actual jerarca, Renato Alvarado, despidió al funcionario Dennis Torres, luego de haber denunciado presuntas irregularidades con el proceso de construcción y concesión de la soda.
“La solicitud de despido por parte del ministro de Agricultura, Renato Alvarado, contra el señor Dennis Torres Zuñiga se presentó después de que este último presentara dicha denuncia”, detalló Nicolás.
Ya judicializado
El oficialista Luis Ramón Carranza, defendió su voto en contra del informe al aducir que el caso ya está en la sede judicial.
“Ya está judicializado y tomaron cartas en el asunto, ese proyecto no solo incluyó una soda, incluye recarpeteos, el archivo y una serie de obras de infraestructura que no se limitan solo a un comedor”, defendió Carranza.
Por su parte Nicolás indicó que tomando entonces esa base, es de vital importancia aportarle al Ministerio Público lo que se investigó desde la Asamblea Legislativa.
El congresista Carlos Ricardo Benavides votó a favor del informe, sin embargo lamentó que no se concretara responsabilidad política sobre dicho “despilfarro”.
La solicitud de los diputados es investigar a exfuncionarios y trabajadores actuales del Ministerio. Foto MAG.
*Fotos principales tomadas de UCR y Mideplan
