Paula Ruiz
Los diputados Luis Antonio Aiza (PLN) y Catalina Montero (PAC) presentaron el lunes un proyecto de ley para crear un impuesto de ¢1.000 a los vapeadores y cigarrillos electrónicos con tal de comprar medicamentos de alto impacto financiero en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa indica que se prohibiría destinar recursos generados por este impuesto para la construcción de edificaciones, capacitaciones o cualquier otro gasto corriente en la institución.
De acuerdo con Aiza, hay estudios internacionales en los que se ha demostrado un impacto negativo por uso de estos dispositivos, a nivel pulmonar, cardiovascular, cerebral y del corazón.
Por eso, su objetivo es que la Caja tenga recursos para comprar fármacos con tal de hacerle frente a eventuales enfermedades crónicas provocadas por vapeadores y cigarrillos electrónicos.
“Establecimos este monto para iniciar una negociación (en comisión legislativa) para ver en cuanto queda, recuerde que la Ley Antitabaco duró 10 años. Si un producto es tan malo como esto y se empieza a restringir, creemos que tenemos que tener un impuesto alto para paliar enfermedades que se pueden producir a largo plazo”, detalló Aiza.
La ley que se pretende especifica que sea para tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco, en específico: cáncer, aparato cardiovascular, problemas pulmonares y cualquier otra detectada por los usos de los dispositivos.
Hasta el momento, los congresistas no cuentan con un estudio para saber cuántos fármacos podrían comprarse por este tributo. Según el verdiblanco, ya solicitaron al Ministerio de Hacienda datos para tener detalle sobre cuántos vapeadores y cigarrillos electrónicos ingresan al país.
Prohibición de consumo
Aunque ya el Ministerio de Salud cuenta con un reglamento donde se indican los lugares prohibidos para el consumo de estos dispositivos, se busca también establecerlo por ley.
En la iniciativa se detalla:
- Centros o establecimientos sanitarios y hospitalarios.
- Centros de trabajo.
- Centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público.
- Centros educativos públicos y privados y formativos.
- Centros de atención social, excepto los espacios abiertos en centros penitenciarios.
- Centros comerciales, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares y restaurantes.
- Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos y actividades recreativas de cualquier tipo.
- Cabinas telefónicas y recintos de los cajeros automáticos y otros espacios de uso público de reducido tamaño.
- Estaciones de servicio de abastecimiento de combustible y similares.
- Vehículos o medios de transporte remunerado de personas, ambulancias y teleféricos.
- Medios de transporte ferroviario y marítimo y aeronaves con origen y destino en territorio nacional
- Centros culturales, cines, teatros, salas de lectura, exposición, bibliotecas, salas de conferencias, auditorios y museos
- Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos, tales como restaurantes, bares y cafeterías.
- Centros de ocio o esparcimiento para personas menores de edad.
- Puertos y aeropuertos.
- Paradas de bus y taxi, así como de cualquier otro medio de transporte remunerado.
Aún la iniciativa no tiene Comisión Legislativa designada, sin embargo, se espera que esté en la de Sociales.
