Diputados restan apoyo a proyecto de extinción de dominio y se inclinan por una nueva iniciativa

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«Este año en los primeros tres meses ya se incautaron 18 toneladas de droga. Estos datos nos recuerdan la importancia de aprobar la legislación sobre la “Extinción de Dominio” para atacar el financiamiento del crimen organizado, y dar garantías a quienes trabajan con honestidad y formalidad».

La declaración fue emitida por Carlos Alvarado, presidente de la República el lunes 4 de mayo ante todos los diputados, durante la rendición de cuentas.

Su petición parece no tener respaldo en la Asamblea Legislativa; allí se creó una comisión especial que se enfocaría a estudiar solamente este expediente tramitado mediante el número 19.571, que fue presentado por Antonio Álvarez Desanti, exdiputado liberacionista.

Los diputados del foro coinciden en que la iniciativa ha perdido apoyo y con el pasar del tiempo se ha ido desmoronando.

Gustavo Viales, presidente de la comisión, reconoció que con el escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), varios legisladores quitaron su apoyo al proyecto por temor a que en un futuro sea utilizado para persecución política.

OBSERVE MÁS: Un manoseado plan de extinción de dominio busca recuperar su objetivo contra el narco

En un inicio se buscó circunscribir la extinción de dominio para delitos de narcotráfico y lavado de dinero; sin embargo, la lista se vio ampliada con el visto bueno del Gobierno y allí fue donde iniciaron las trabas.

«La iniciativa tuvo una dirección equivocada porque el mismo Gobierno quiso utilizarla para tema tributario y para otros temas (delitos) que dificultaban más bien y eso dividió y retomamos el asunto, le hicimos a ver a Víctor Morales (mientras fungía como Ministro de la Presidencia) y estaba claro en la iniciativa pero con lo de la UPAD se quitaron varios apoyos al proyecto porque creían que era una herramienta que podía ser mal utilizada», dijo.

«Es evidente el temor que existe, una herramienta de estas con un Gobierno con la clara iniciativa de estar verificando datos de las personas, recordemos que extinción de dominio era una herramienta para limitarle la propiedad o derecho de un bien, hasta que usted sea quien lo demuestre, el tema de la UPAD y lo de sistema de alerta temprana, nos parecía peligroso», agregó Viales.

Con él coinciden los indepedientes Zoila Rosa Volio y Jonathan Prendas, en el entendido de que la UPAD vino a provocar incertidumbre a nivel político.

Los tres legisladores tiene claridad de que la iniciativa debe circunscribirse solamente a crimen organizado y narcotráfico pero no para la lista de delitos que impulsó el Gobierno.

Lo mejor es otro

Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso e integrante del foro legislativo sobre extinción de dominio, catalogó el camino del proyecto de ley como complicado debido a la dificultad para construir un consenso.

«Es un tema bien complejo sobre todo en el aspecto de la carga de la prueba y está complicado, hay varias propuestas pero no se ha consensuado», dijo.

Por esa razón, diputados de la Comisión Legislativa consideran la posibilidad de no continuar con este texto y más bien presentar otro.

Eduardo Cruickshank, presidente del Congreso, reconoce que no hay consenso para extinción de dominio. Foto: Asamblea Legislativa.

«Creo que sería el mejor camino y mantener la Comisión (con los mismos diputados), ya hay mucha información que ha pasado pero sí tendría que ser un proyecto nuevo y ver los mínimos necesarios en donde estamos de acuerdo y ver la posibilidad de explorar posibilidades más concretas para llegar a un punto de acuerdo», acotó Prendas.

«Tiene que ser un proyecto de extinción de dominio para lo mínimamente necesario dentro de los grandes problemas que genera este tipo de conductas antisociales, pero tiene que enmarcarse para que, en la aplicación de la ley no haya casería de brujas», agregó el independiente.

Aún la iniciativa puede ser modificada mediante mociones en su segundo día, sin embargo, el presidente de la Comisión reconoce lo complicado de buscar la incursión del tema cuando la Asamblea Legislativa tiene su agenda fijada solo para la pandemia.

Si eventualmente el proyecto es dictaminado de forma negativa, Volio aseguró que presentará un nuevo texto donde se establezca cómo quitar propiedades al narcotráfico.

«Es un proyecto que digo que está muerto», concluyó Volio.

Desde el lunes 18 de mayo, se solicitó el criterio de Víctor Morales, diputado oficialista y exministro de la Presidencia, sin embargo no hubo respuesta por parte del equipo de prensa de la fracción legislativa del PAC.

Definición establecida en el artículo 2 del proyecto 19.571: La extinción de dominio es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado, de los bienes y derechos que tengan origen o sean destinados a actividades ilícitas en los términos de la presente ley, así como de los bienes adquiridos sin causa lícita aparente.

OBSERVE MÁS: País adoptará nueva estrategia para analizar tendencias del narcotráfico


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