Paula Ruiz
Un proyecto de ley relacionado con el objetivo de Costa Rica de ingresar a la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos (OCDE), divide criterios en la Comisión Especial que dictamina estas iniciativas.
Se trata del expediente 21.293, Reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el cual afecta directamente el financiamiento de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
La iniciativa legislativa pretende que las cuatro superintendencias financieras cubran su operación en un 50% con aportes de los entes supervisados, mientras el porcentaje restante estaría a cargo del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Actualmente, los entes supervisados por Sugef, Sugeval y Supen aportan un 20% y el restante 80% lo cubre el Banco Central. En el caso de Sugese, el 100% proviene de la Autoridad Monetaria.
Así las cosas, el cambio propuesto en el proyecto de ley, aumentaría significativamente el peso del financiamiento en los supervisados, es decir, bancos, cooperativas, mutuales, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, operadoras de pensiones y aseguradoras, entre otros.
¿Por qué un 50% del financiamiento?
Los diputados Jonathan Prendas (bloque Nueva República) y Erwen Masís (PUSC), aseguran que en febrero anterior -cuando realizaron un viaje a París, Francia a la sede principal de la OCDE- les indicaron que la recomendación era de que las superintendencias se financiaran en un 30% con aportes de los supervisados y no en un 50% como lo plantea el proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo.
“La OCDE nos había dicho que aspiraban a un 30% para que el peso no fuera solo en el Estado, sino también para los regulados”, manifestó Prendas.
Masís lo secundó al asegurar que fue una de las consultas realizadas en una de las mesas de trabajo.
“No hay una disposición OCDE para que se hable de un 50%-50%, por eso puede quedar en 30%”, sentenció.
La diputada Silvia Hernández (PLN), también formó parte de ese viaje a París, por eso solicitó a los representantes del Gobierno y del Banco Central un estudio sobre el impacto que tendría este incremento sobre los aportes de los supervisados y sobre los costos que serían trasladados a inversionistas y ahorrantes.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, indicó el pasado lunes 17 de junio en una sesión en la Comisión Especial, que los porcentajes del proyecto (50%-50%) forman parte de una decisión política.
Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior y representante del Ejecutivo, defendió en esa misma audiencia el porcentaje y dudó del 30% al que hacen referencia los diputados.
“En cuanto al financiamiento por parte de los regulados, el 30% como mínimo, no sabemos dónde está. Nosotros no tenemos indicación de mínimo que establezca la OCDE y más bien se tiende a ir a un 100%; lo que es probable, es que este 50%-50% sí haya satisfecho ese requisito de alinearnos con las mejores prácticas. Si se baja, tendríamos que consultar con la OCDE si requiere un análisis o nuevo cambio”, defendió la jerarca.
Ante estas posturas, los legisladores de la Comisión pidieron a Jiménez y Cubero un documento por escrito donde la OCDE indique la disposición porcentual recomendada. La oficialista Carolina Hidalgo -miembro del foro parlamentario- también pedirá a los diputados que realizaron el viaje, un documento por escrito donde se indique tal disposición “porque una cosa es la interpretación y otra, algún documento explícito donde se indique ese monto”.
A favor del 50%
Mientras Prendas se inclina por buscar la forma de reducir a un 30% el porcentaje, el independiente Erick Rodríguez y la oficialista Carolina Hidalgo, están anuentes a que haya un equilibrio de 50% para cada parte.
Hidalgo reconoció que lo adecuado es evitar que el Estado asuma la mayor cantidad de financiamiento.
El independiente, cree que actualmente esos costos los asumen los costarricenses, pues el Banco lo carga mediante inflación.
Aunque se inclina por establecer un 50% para las superintendencias, Rodríguez cree que lo conveniente aquí es reducir la cantidad, tal cual se pretende en el proyecto de ley conocido como “F.U.S.I.O.N.A.R”, cuyo autor es el exdiputado del PAC, Ottón Solís.
“Habría solo una superintendencia y varios superintendentes. Si le vamos a cobrar más a los supervisados, debemos suavizarles el asunto para que no tengan que pagar por cuatro, sino por una sola”, estimó el diputado.
En Sugeval también están a favor de los porcentajes del proyecto. María Lucía Fernández, superintendente de Valores, reconoció que fueron consultados tanto por la Comisión Especial como por el Poder Ejecutivo a través del Banco Central, encargados de realizar la propuesta legislativa.
Para justificar su posición, Fernández, reconoció que más bien, la tendencia mundial es que el presupuesto de las superintendencias sea cubierto en un 100% por los regulados, como parte de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Es importante mencionar que, a pesar de que se aumenta el porcentaje de contribución por parte de los regulados, se mantiene el techo de la normativa actual, por lo que cada sujeto contribuirá, hasta con un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales; y en el caso particular de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, contribuirán hasta con un máximo de 0,02% de los activos administrados, o de un 0,002% del monto pagado por pensiones en el caso de aquellas entidades supervisadas que no administren activos”, manifestó la Superintendente.
En el caso de la Superintendencia de Pensiones, se buscó el criterio del jerarca Álvaro Ramos, sin embargo, declinó opinar al respecto y sugirió realizar consultas al Conassif.
Con respecto de Sugese, la entidad confirmó su disposición al aumento porcentual, al obedecer a una decisión de política pública “que escapa de las competencias de la Superintendencia General de Seguros”.
“En la actualidad la Superintendencia es financiada en un 100% por el Banco Central; el esquema que fue adoptado por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, pues en la misma resultaba imposible incluir tributos o sanciones penales en virtud del trámite legislativo de vía rápida del que fue objeto como parte de la agenda paralela al CAFTA-DR”, se indicó en una respuesta a este medio.
“Es injusto”, dicen supervisados
Son los entes supervisados los que se oponen rotundamente a desembolsar más dinero.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) sería una de los entes supervisados que tendría que comenzar a aportarle a Sugese para financiarse, según esta iniciativa.
Elian Villegas, presidente ejecutivo de la entidad, catalogó como “absolutamente injusto” ese proceder porque, tomando en cuenta que el INS tiene una posición dominante en el mercado, estaría aportando “prácticamente el 80% o más del monto del presupuesto que aporten las aseguradoras en beneficio de la Sugese”.
Otro caso, es el de la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI). Allí su director ejecutivo, Víctor Chacón, catalogó como desproporcional la propuesta legislativa.
Por su parte, Lucrecia Quesada, directora ejecutiva de la Cámara de Intermediarios Bursátiles (Cambolsa), mostró su rechazo al incremento porcentual al argumentar que, desde el 2015 la utilidad considerada en conjunto de todas las entidades de mercado de valores, está por debajo del costo de asumir el 50% del pago del presupuesto de la Superintendencia y de Conassif.
“Esta reforma implicará que el costo de la supervisión sería superior a la utilidad acumulada del mercado, lo que resulta irracional. Adicionalmente se establecen elevados cargos de supervisión sin un mecanismo de rendición de cuentas y sin definir criterios de limitación de gasto”, alegó Quesada.
En Cambolsa reconocen que la medida vendría a agravar la situación del sector, pues con la entrada en vigencia de la Reforma Fiscal, habrá un impacto sobre el mercado financiero y bursátil, por lo tanto, esperan una disminución de los ingresos de las entidades supervisadas “producto de la incertidumbre sobre la situación del país y la globalización de los mercados financieros”, agregó.
Finalmente, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) cree que el porcentaje que se pretende, se aleja del principio de que la supervisión es una función pública y no, un servicio que presta el Estado al Sistema Financiero.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de ABC, recordó que a nivel internacional, también se ha advertido “de los riesgos de autonomía que se generan cuando el presupuesto de los órganos reguladores es cubierto, total o parcialmente, por los supervisados”, indicó.
La propuesta aún se encuentra en fase de análisis en el Congreso.
