Dudas frenan votación de proyecto que cobraría un 1% a uso de internet

Iniciativa de Ana Karine Niño busca ampliar la base de servicios de telecomunicaciones gravados para incluir internet fijo y móvil

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Tiempo de Lectura: 4 minutosUn proyecto de ley que pretende ampliar la base de servicios de telecomunicaciones gravados con 1% en la factura mensual, estaba listo para su votación en primer debate pero salió de la agenda legislativa.

Así lo confirmó Ana Karine Niño, diputada liberacionista, quien impulsa la iniciativa a través del expediente 21.148.

La legisladora confirmó que había dudas aunque desconoce cuáles son. El proyecto formó parte de la agenda la semana pasada, pero no llegó a su votación final.

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unidad canina Cruz Roja
La Cruz Roja Costarricense estima que con la ampliación de la base, recaudaría ¢3.000 millones, que permitiría la contratación de 300 socorristas. (Archivo)

¿Qué pretende el proyecto?

El proyecto busca beneficiar la Cruz Roja Costarricense (CRC), cuyas finanzas se han visto disminuidas porque la Ley 8690 autorizó el gravamen para telefonía convencional, móvil y prepago.

Ese tributo es conocido como «impuesto rojo». Del total de presupuesto de la Benemérita, un 43% proviene de fondos públicos; y de estos el 39% se genera en dicho tributo, según se detalla en el informe de mayoría del proyecto de ley emitido por la Comisión de Económicos.

Sin embargo debido a que la población comenzó a utilizar internet para comunicarse, la recaudación se vio disminuida. Entre 2017 y 2018, los ingresos por esta Ley bajaron, de ¢3.374.827 a ¢3.276.384.

Niño manifestó que no se trata de una nueva contribución parafiscal, sino una ampliación hacia internet fijo y móvil. «Es un 1% en general que ya existe solo que se modifique que se incluya el consumo de internet», dijo.

«‘La Benemérita’ ha estado en comunicación con los despachos y no hay posición clara, me molesta el me opongo pero no propongo (…) en aquel momento el consumo era telefonía fija, ahora no y se redujeron sus ingresos. En aquel momento fue un error no prever que el consumo no se iba a trasladar», agregó la diputada del Partido Liberación Nacional.

En el criterio emitido por la Contraloría General de la República (CGR) se indicó que:

…el análisis de la naturaleza del tributo creado mediante la Ley N° 8690, no debe limitarse a la denominación que el texto le da a esa carga tributaria. Por el contrario, valoramos aquí la intención del legislador de dotar de un mecanismo de financiamiento autónomo y permanente, para una organización con claros fines sociales, como la Asociación Cruz Roja Costarricense.

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«Esto es una necesidad»

Idalberto González, gerente general de la Cruz Roja, reconoció que la semana pasada fue informado sobre la posibilidad de la votación en primer debate.

«Pero no se pudo hacer y nos dijeron que era necesario algo así como reactualizar a los despachos de los alcances del proyecto que es lo que estamos haciendo ahora, estamos enviando información a diputados sobre todo con el tema de que el proyecto es una modificación a una Ley que ya existe», declaró.

González recordó que en 2018 cuando presentaron el proyecto de ley, contaron con un respaldo de 20 legisladores, y que en 2019 la comisión legislativa dictaminó de forma unánime.

El gerente explicó que solo por ingresos de esa Ley, se dejarán de percibir hasta ¢800 millones en este año, adicional a disminuciones por ingresos privados que no están generando producto de la pandemia, entre ellos actividades masivas y bingos.

Esto repercutiría en la atención en comités locales, pues adicional a las emergencias regulares actualmente colaboran con la pandemia.

La Comisión de Económicos dictaminó el proyecto afirmativamente. Imagen ilustrativa. (Paula Ruiz/El Observador)

«Esto es una necesidad, tenemos claro que nuestras unidades deben ir tripuladas en forma completa, eso lo logramos solo cuando tenemos voluntarios y sino, solo va el conductor. La idea es poder completar la tripulación y dar un mejor servicio a la población», sostuvo.

El Observador consultó a González si es conveniente la aplicación de este parafiscal en plena pandemia, cuando desde el 1 de julio comenzó a regir un 1% de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en canasta básica, así como de 4% en servicios de construcción y turismo.

El jerarca priorizó que la Cruz Roja está atravesando dificultades financieras con un alto costo operativo.

«Yo creo que aquí lo importante es hacerle ver a la población la necesidad que tiene la Cruz Roja y la atención extrahospitalaria, emergencia y pandemia que brinda. Solo en la pandemia hemos tenido 1.400 traslados ya sea de sospechosos o confirmados de COVID-19 a un centro médico y desde luego, nuestros comités no pueden operar con pérdida», sentenció.

Con la aprobación de la modificación a la Ley, esperan recaudar ¢3.000 millones, que les permitiría contratar a 300 socorristas. En la actualidad solo 20 de 121 comités locales cuentan con chofer y cruzrojista para la atención de emergencias.

Se intentó tener el criterio de las bancadas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Restauración Nacional o conocer si tienen dudas del proyecto, sin embargo no respondieron.

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