Tomás Gómez
Las acciones judiciales por la creación de la Unidad Presidencia de Análisis de Datos (UPAD) salieron a la luz el viernes a primera hora cuando una caravana de funcionarios del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron Casa Presidencial.
El proceso no fue sencillo pues además de la sede del Gobierno se incluyeron diligencias en el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación.
Con acceso a algunos documentos del caso y con la opinión jurídica del abogado Ewald Acuña estas son algunas claves para entender el caso.
¿A quienes se investiga?
En total, se investiga a ocho personas por la creación de la UPAD y el manejo de información que el equipo de datos de Casa Presidencial hizo durante año y medio.
Estos se dividen en tres grupos:
- Autoridades firmantes del decreto: el mandatario Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
- Asesores de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
- Personal de apoyo: el abogado Luis Salazar -redactor del decreto junto a Fernández- y la jefa del despacho presidencial, Felly Salas.
¿Qué se investiga?
Según la tesis judicial, la actividad de análisis de datos hecha por Casa Presidencial entre mayo del 2018 y octubre del 2019 no tuvo respaldo legal.
Esa falta de potestad no fue impedimento para que Madrigal, Fernández, Villalobos y Salas -como mano derecha del presidente-, intentaran acceder a información sensible sin permiso de sus titulares, situación que era conocida por Carlos Alvarado.
La situación se agravó con la firma del decreto de creación de la UPAD, en la que Alvarado y sus ministros avalaron la posibilidad de exigir información confidencial a los entes públicos, lo que representa un abuso de autoridad.
¿Por qué se requiere de altos mandos judiciales?
Uno de los elementos más llamativos del proceso, además del propio allanamiento, fue la presencia de los integrantes de la Sala III de la Corte Suprema, especializados en materia penal.
Su presencia es requerida pues los miembros de los supremos poderes -en este caso el Presidente y sus ministros- tienen una protección de ley especial que impide su procesamiento por jueces ordinarios.
Así, son los altos jueces quienes ven el caso y quienes tendrán un rol fundamental más adelante.
Aunque el resto de implicados carecen de este fuero, el proceso se realizó el conjunto para la obtención de la prueba.
¿Qué sigue?
La recolección de pruebas se extendió por casi 30 horas y ahora comenzará su revisión por parte de las autoridades judiciales.
Al medio AmeliaRueda.com el magistrado Burgos le confirmó que incluso la computadora y celular de Carlos Alvarado habían sido decomisados.
“La Fiscalía ahora continúa su investigación y cualquier resolución debe ser dictada por los magistrados de la Sala de Casación Penal (Sala III)”, advierte el jurista Ewald Acuña.
Él explica además que por tratarse de un caso de este perfil todas las diligencias corren a cargo de la Fiscal General, Emilia Navas, quien no puede delegar la tarea en ningún subalterno.
¿Se puede juzgar al presidente?
Tanto el presidente como los ministros están amparados por un beneficio denominado “antejuicio”, lo cual garantiza un proceso diferente pero no los exime de tener que presentarse ante la ley.
Según el abogado Acuña, si la Fiscalía encuentra suficiente material para formular la acusación esta deberá presentarse ante Corte Plena. De ahí el caso va a la Asamblea Legislativa para que se vote el retiro de inmunidades.
“El eventual juicio estará a carto de la Sala III y la sentencia tiene apelación ante la Corte Plena”, concluyó el experto.
