Empresa de seguridad privada con 1.400 oficiales cierra operaciones

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Tiempo de Lectura: 4 minutosGrupo SECURE, reconocida como una de las empresas de seguridad privada más grandes del país y que tenía en su staff a aproximadamente 1.400 oficiales, cerró operaciones, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

La Dirección de Seguridad Privada constató el cierre técnico de la empresa por lo que iniciará el proceso que incluye el inventario de las armas en coordinación con la Dirección General de Armamento. Este se haría a partir de enero dado el cierre de las oficinas este 20 de diciembre hasta inicios del año nuevo.

Le empresa se había atrasado en el pago del salario de la primera quincena de noviembre de una parte importante de sus oficiales al tiempo que tramita el cierre de algunos de sus contratos, entre ellos con varias instituciones del Estado, según se había informado en noviembre.

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La firma de seguridad privada tenía reportados 1.429 agentes ante el ministerio. A mediados de noviembre, la empresa les advirtió a los empleados sobre el atraso en el pago salarial y les aseguró que trabajaría para cumplir con sus compromisos.

“El viernes 15 de noviembre y a raíz de problemas presentados con algunos compromisos de pago hacia nuestra empresa, se nos imposibilitó cancelar el salario de una fracción importante de nuestros colaboradores, correspondiente a la primera quincena de noviembre.

«Estamos muy conscientes de la afectación que esto genera a sus familias y les aseguramos que estamos tomando acciones para tener una pronta solución y poder cancelarles los salarios pendientes de manera completa”, informó a través de un comunicado publicado en su página de Facebook.

Apenas dos semanas antes de este aviso, la empresa anunció que estaba contratando un oficial bancario para la zona de Jacó.

Aunque el Ministerio no recibió notificación por parte de la empresa, pudo constatar que no estaba operando. No fue posible hablar con algún representante de la empresa este sábado.

Grupo Secure había llegado a ser la empresa de seguridad en Costa Rica con mayor número de empleados privados formales, según la página. (Grupo Secure)

Obstáculos para el sector

Según Eric Koberg, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, algunos clientes de la empresa fueron notificados del cierre a partir del 1 de diciembre.

Koberg argumentó que las empresas del sector enfrentan problemas desde la Ley de Reforma Procesal Laboral, que entró a regir en el 2017 y que ha incrementado las demandas laborales.

Además, citó que las empresas que trabajan para el Estado y sus instituciones deben enfrentar altas multas por incumplimientos que resultan onerosos.

SECURE S.A. reportó que por primera vez, en sus 33 años de operaciones, había tenido problemas para pagar su planilla a finales de mayo pasado en lo que se refirió como un “hecho aislado” de acuerdo con un comunicado emitido en ese momento.

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“A razón del incumplimiento de algunos compromisos de pago hacia nuestro Grupo, se generó una afectación que imposibilitó el giro de los salarios correspondientes a una fracción de nuestros agentes de seguridad. (…) Extendemos nuestra gratitud a todos nuestros colaboradores que, de forma solidaria, creen en nosotros y honran sus horarios de trabajo bajo la confianza de que Grupo SECURE también les honrará, como siempre lo ha hecho”, explicó Geoffrey Davis, presidente y fundador de Grupo Secure, en una carta publicada en la página de Facebook de la empresa.

Varios inconvenientes

En octubre, se sumaría otro problema para la empresa cuando uno de sus oficiales de seguridad mató accidentalmente a una mujer que hacía fila en una sede del Poder Judicial.

“La empresa Servicio de Cuido Responsable, SECURE SA, lamenta profundamente el fallecimiento de una persona usuaria en el Juzgado Contravencional de Upala, el día de hoy. Debido a que los hechos se encuentran en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial, no podemos dar detalles de lo ocurrido”, explicó Davis el 10 de octubre.

Aseguró que todos los colaboradores tenían sus credenciales al día y que se cumplían con todos los requisitos ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y el Departamento de Armas y Explosivos, del Ministerio de Seguridad Pública.

El Poder Judicial tiene aproximadamente 4 años de contratar servicios con SECURE S.A. por un monto de ¢388.044.000 por año.

Sin embargo, la empresa se retiró del concurso para dar continuidad a este servicio, el cual se adjudicó a otra firma que inició operaciones el martes 12 de noviembre anterior.

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“El contrato con la empresa SECURE S.A., que brindaba los servicios de seguridad en el Poder Judicial, concluyó el pasado 9 de noviembre. La empresa retiró de concurso la oferta que había presentado en una Contratación Directa Concursada, autorizada por la Contraloría General de la República, mediante la cual daría continuidad a los servicios”, explicó la institución.

La empresa además, le adeuda ¢199 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, que está en proceso de cobro administrativo.

*Colaboró con esta nota el periodista Paulo Villalobos.


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