Paulo Villalobos
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) aplaudió la orden que la Contraloría General de la República (CGR) dio a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que aplique el título de remuneraciones de la reforma fiscal con sus trabajadores.
Este jueves, el ente contralor señaló que la Caja no puede eludir las obligaciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en materia de pagos, pluses y más beneficios salariales Además no puede acudir a los juzgados, para que aclara la aplicación de la norma.
“La petición del sector privado ha sido clara y contundente en el sentido de que se debe dar marcha atrás al documento firmado en acuerdo con los sindicatos del sector salud, pues la ley en Costa Rica debe firmarse”, indicó la Unión en un comunicado de prensa.
La disposición del órgano contralor se dio ante una denuncia presentada por siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Esta se interpuso contra el acuerdo de la Caja y sus sindicatos, que permitió poner fin a la huelga de una semana en centros médicos, el mes pasado.
El pacto estableció el inicio de un proceso judicial de lesividad, sobre la modificación de anualidades, incentivos, complementos, sobresueldos y pluses, contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es decir, las autoridades acudieron a un juzgado, para pedirle que no se aplicara la reforma.
La norma transforma el cálculo de las remuneraciones, al pasar de un cálculo porcentual a uno nominal. Con ello se busca desacelerar el crecimiento de los complementos salariales, pues se pagará un monto fijo y no ligado al salario base que crece.
Con el convenio, las organizaciones de trabajadores lograron conservar el cálculo previo a la nueva ley. Ello mientras se resuelve el juicio de lesividad acordado por las partes.
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“Islas independientes”
Los empresarios recalcaron su “deber” de “indicar a la Junta Directiva de la Caja que no podemos tener islas independientes en la función pública”. “Tenemos que cumplir la ley en todos sus extremos”, señaló la Uccaep.
Los privados lanzaron un llamado a las otras instituciones que han alegado autonomía, para que se apeguen al criterio de la Contraloría General. Ejemplo de esto último son las municipalidades y las universidades.
La disposición del ente contralor mantiene la exclusión de los regímenes de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), No Contributivo y de Seguro de Maternidad y Enfermedad; con respecto a la aplicación de la regla fiscal en los presupuestos.
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Paulo Villalobos
