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Empresarios bajan tono a críticas contra ley de huelgas: no es la “posición oficial” de la ONU

El sector empresarial no tardó en reaccionar a las críticas que tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones…

Por Tomás Gómez

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Empresarios bajan tono a críticas contra ley de huelgas: no es la “posición oficial” de la ONU
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El sector empresarial no tardó en reaccionar a las críticas que tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hicieron contra el proyecto de ley de huelgas.

Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) no se puede tomar como posición oficial de la ONU, puesto que los relatores no son funcionarios de la Organización sino asesores.

“Es alarmante que se pretenda desvirtuar el trabajo que se ha hecho en este país, con la aprobación en primer debate de esta legislación, apoyándose en un documento que no va dirigido a nadie en particular”, señaló el presidente de Uccaep, Gonzalo Delgado.

“Nos dimos a la tarea de consultar tanto a la Agencia de Naciones Unidas en Costa Rica y a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo y desmienten que esa sea una posición oficial”, agregó.

Según el bloque empresarial, en ningún momento respaldan la prohibición del derecho a huelga. Pero deben sentarse responsabilidades por los bloqueos y manifestaciones ilegales.

“Ni la gente, ni el país puede seguir enfrentando movimientos que paralicen servicios sólo para mantener o defender privilegios de unos pocos. Las grandes mayorías en este país no están sindicalizadas y son los que sufren las consecuencias de la huelgas, cuando se privan derechos o se atenta contra la integridad de las personas”, concluyó Delgado.

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Pronunciamiento en cuestión

Según Gonzalo Delgado debe analizare el alcance que tiene la figura de los relatores dentro de la estructura de Naciones Unidas. (Uccaep)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) dio a conocer esta mañana un pronunciamiento de tres relatores de Naciones Unidas, donde se vierten críticas al proyecto de regulación de huelgas.

Entre otros, fustigaron la posibilidad de disolver sindicatos o congelar el pago de salarios.

El criterio fue firmado por los expertos en libertad de expresión, David Kaye; libertad de reunión, Clement Nyaletsossi; y derechos humanos, Michel Forst.

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