Empresarios piden pausar proyecto que cambiaría comercialización del café en el país

Este lunes, un grupo de asociaciones y cámaras empresariales solicitó a los diputados que frenen un proyecto de ley, que modificaría el régimen de relaciones entre productores, beneficiadoras y exportadores de café en el país.

El proyecto 21.163 se discute en el Congreso y brinda nuevas potestades al Instituto Costarricense de Café (Icafé), como autorizar la exportación e importación de este grano con una norma técnica. Los empresarios calificaron la iniciativa como “proteccionista” y aseguran que pondría en riesgo al menos 1.500 empleos en el sector tostador.

El reclamo fue hecho por la Cámara de Tostadores de Café, varias empresas cafetaleras, las cámaras de Comercio (CCCR), Comercio Exterior (Crecex), y de la Industria Alimentaria (Cacia), y la Asociación de Consumidores de Costa Rica.

Según estos, el plan brinda potestades al Icafé que afectaría la cadena de producción, y limita la libertad de comercio del producto en el país.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Yolanda Fernández, afirmó que el proyecto pondría una camisa de fuerza a quienes comercializan e importan café, así como a la diversidad de marcas disponibles para el consumidor.

Atacó la intención legislativa de que el Icafé pueda realizar registros previos de las negociaciones privadas y, que además, se les dote de poder a los funcionarios de Instituto para confiscar producto.

“Es una clarísima violación a la libertad de comercio”, manifestó Fernández; secundada por Erick Ulate, representante de Consumidores.

Algunos cambios son:

• el artículo 46 del proyecto de ley pretende que los comerciantes y torrefactores de café solo podrán abastecerse mediante contratos de consumo nacionales inscritos por el Icafé
• el 88 estipula que Aduanas permitirá la exportación de café solo con autorización de Icafé y la importación solo con nota técnica “para evitar la triangulación del producto y resguardar el nombre de Café de Costa Rica”

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Pérdida de empleos y subida de precios

Tostadores señalaron que el proyecto arriesga el empleo de al menos 1.500 personas que laboran en plantas. “No estamos contando ni siquiera a los transportistas”, dijo Mario Montero, vicepresidente de Cacia.

Montero explicó que la pérdida de libertad de comercio podría generar que las empresas torrefactoras prefieran funcionar fuera de la fronteras ticas y abastecer el mercado nacional desde afuera.

“La ley básicamente hace que mi empresa, mía y que yo soy sujeto de derecho privado, dependa del Icafé. Ningún empresario va a sostener una empresa con esas características”, dijo.

José Manuel Hernando, presidente de la Cámara de Tostadores de Café, aseguró que el 80% del grano nacional se vende en los mercados internacionales a precios muy altos, y el restante 20% queda en el mercado local.

Esta última porción solo abastece el 50% de la necesidad de materia prima del sector tostador, por lo que requieren importar el restante.

Negó categóricamente que el sector importe café de otros países para luego exportarlo bajo la bandera tica.

Varias cámaras empresariales y asociaciones se unieron para solicitar el freno del proyecto de ley que dotaría de nuevas responsabilidades a Icafé. (El Observador)

Los empresarios aseguran que bajo un escenario en el que se entorpezca la dinámica de importación de café, el precio de producto para el consumidor final aumentaría al menos en un 20%.

“El Icafé está conformando un monopolio que va a tener el control de los precios a los cuales toda la agrocadena comercializa su producto. Se van a entorpecer los contratos de compra y venta entre los beneficios y el tostador”, agregó Hernando.

Previamente, la directora ejecutiva del Icafé, Xinia Chaves, rebatió que cualquier torrefactor o comerciante puede importar café del destino que desee, pues la institución solo busca conocer el origen del producto.

“No solamente el café de Costa Rica tiene derecho a saberlo, si no también el consumidor”, justificó Chaves.

Trazabilidad del café

Chaves defendió que la iniciativa fortalecería las maneras en las que el café costarricense puede alcanzar espacios de mayor diferenciación del mercado, con una relación directa entre quién produce el café y quién lo está consumiendo.

“De ninguna manera se pretende construir una barrera ni mucho menos limitar la oportunidad de comercio”, comentó.

“Lo que nosotros con esta modificación a la ley estamos requiriendo es garantizar la transparencia y trazabilidad de ese café. Ellos no van a hacer ninguna inversión adicional. Simplemente lo que estamos requiriendo es saber el origen de ese café que se importa y dónde se tuestan y muelen”, concluyó el Icafé.