Paula Ruiz
Un proyecto de ley revivió la polémica por la denominada Economía Social Solidaria, que suma apoyos y oposiciones, siendo ésta última las más latente hasta el momento.
Se trata de la iniciativa 21.970 “Ley de Fomento Socioeconómico local”, que fue redactado por la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco), según admitió Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria.
El texto fue acogido por un grupo de diputados, con el liberacionista Daniel Ulate como su principal impulsor. El proyecto pretende crear:
- una Comisión Especial de Desarrollo Económico Local en las 82 municipalidades
- el Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local
- el Programa Interinstitucional para la Promoción del Desarrollo Económico Comunal (Prodeaco) y el Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local
- el Laboratorio de Innovación Comunal
- el Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local
El Fondo se financiaría con el 5% de las utilidades del Banco Popular, un impuesto de 1% anual sobre las ventas brutas que realicen las empresas ubicadas en zonas francas y un 2% del impuesto sobre la renta contenido en el Presupuesto Nacional.
Sin embargo en uno de sus transitorios indica que por una única vez, el Banco estatal hará una transferencia de al menos 33% del impuesto sobre la renta que presupuestó en el año 2019.
También pretende que las pymes de Economía Social Solidaria obtengan internet subsidiado por parte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Así mismo busca beneficiar a las municipalidades, sus federaciones, confederaciones y sus empresas a no pagar impuestos, contribuciones, tasas y derechos.
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En el período 2014-2018, el diputado de Acción Ciudadana, Víctor Morales Zapata, impulsó una Ley Marco de Economía Social Solidaria, que fue archivada en agosto de 2019.
Morales Zapata es una de las figuras políticas más polémicas, ligado al sector cooperativista; amigo y escudero del expresidente Luis Guillermo Solís; y estrechamente vinculado con el cementazo.
Uccaep: es un absoluto error
En Uccaep defienden que el plan genera desigualdades con empresas tradicionales que buscan sostener empleos en plena pandemia. (Imagen es con fines ilustrativos/Presidencia)
Gisella Sánchez, tercera vicepresidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), catalogó como un error absoluto el proyecto de ley, máxime en la coyuntura actual donde las empresas tradicionales buscan sobrevivir y mantener los empleos.
Para Sánchez el modelo crea desigualdades entre las empresas “tradicionales” y las de “Economía Social Solidaria”, siendo éstas últimas merecedoras de exenciones y beneficios.
Otros puntos por los que se oponen al plan de ley:
- genera burocracia inadecuada en un momento de serio déficit fiscal
- crea un fondo sin control
- abre exoneraciones a impuestos
- cambia la Ley de Telecomunicaciones para darle preferencia en forma desleal a microempresas y podrían dar servicios financieros sin supervisión del Banco Central
Según Sánchez las reglas del juego deben ser iguales para todos. Además defendió el modelo económico desarrollado en Costa Rica, e incluso cree que la Economía Social Solidaria se ha implementado en otros países con economías y sociedades distintas, en específico “las de izquierda”.
“Lo vemos inconveniente. Creemos que es importante que haya reglas del juego claras y seguridad jurídica y un modelo que aplique a todos los actores y no un nuevo modelo que distorsiona y genera ventajas para unos versus otros, sin ningún criterio técnico y justificación objetiva”, sentenció.
Sánchez subrayó que esta iniciativa es similar a la que impulsó Morales Zapata.
“Se ha querido estigmatizar”
En marzo, la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria tuvo una actividad con la participación de la ministra Victoria Hernández. (Facebook)
Montserrat Ruiz, directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, defendió el modelo y manifestó que hay empresas reconocidas en el país que se enmarcan en esta figura.
Ruiz citó a CoopeVictoria y Coopenae y resaltó que sus ganancias son repartidas con sus afiliados.
El proyecto que fue archivado e impulsado por Morales Zapata, define la Economía Social Solidaria como:
El conjunto de actividades económicas y empresariales realizadas en el ámbito privado por diversas entidades y organizaciones, que satisfagan necesidades y generen ingresos con base en relaciones de solidaridad cooperación y reciprocidad, en las que se privilegien el trabajo y el ser humano, donde sus integrantes, se organizan y desarrollan procesos productivos, intercambio, de comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer el interés colectivo de las personas que las integran y el interés general económico social de los territorios donde se ubican.
La Directora de la Cámara – fundada en 2015 – manifestó que sectores buscan estigmatizar el modelo, pese a haberse implementado en el país de forma oficial desde el 2002.
“Se ha querido estigmatizar, se viene hablando en el país desde el 2002 cuando se empieza a unir lo social y solidario con conceptos estudiados en organizaciones como ONU o Unicef y que trataban que este modelo de mercado no se pueda estigmatizar, es una economía diferenciada, sus empresas son más resilientes”, señaló.
“Creo que lo de Economía Social Solidaria se toma de manera incorrecta, en lugar de unir a través de una pandemia donde más que nunca la empresariedad necesita estar unidos”, añadió.
Viceministro de Trabajo: No es el momento
Luis Diego Aguilar, viceministro de Trabajo a cargo de la Dirección de Economía Social Solidaria, anotó que contabilizan al menos 6.600 empresas con este modelo en el país.
El Ministerio se enfoca en las áreas rurales para buscar empresas y darles fondos no reembolsables para inversión. Durante el 2020, han acompañado a ocho empresas.
Aguilar pidió no generar roces con las “empresas tradicionales”, sino por el contrario buscar encadenamientos entre ambos modelos. Puso Europa como ejemplo, donde aseguró que la Economía Social Solidaria repercute en un 10% de la economía.
Aunque el Ministerio de Trabajo no ha sido consultado por la Comisión Especial de Alajuela, donde se estudia el proyecto de ley, Aguilar opinó que no es el momento para aprobarlo.
“Lo hacen inviable políticamente, pero reconocemos el valor del proyecto y de que un sector haya planteado la propuesta. (…) No es el momento de crear nueva institucionalidad, además mete impuesto a zonas francas, mientras Fonatel y Banco Popular deben generar aportes”, alegó.
Hacerle caso a la Contraloría
En nu criterio técnico, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó que el proyecto de ley genera burocracia y duplicidades, afectando las finanzas del Estado.
Tanto Sánchez como Ruiz coincidieron en que los diputados deben tomar en cuenta el criterio de la CGR.
“Tiene que privar el criterio técnico y necesitamos que el país continúe ejerciendo de forma objetiva en análisis de temas y definitivamente este no tiene méritos objetivos para prosperar en la Asamblea Legislativa, hay temas más importantes”, consideró la Uccaep.
“Todo lo que diga la Contraloría debe ser tomado en cuenta primero por un margen de transparencia y manejo de recursos, nosotros hemos estudiado el proyecto y no hemos visto un aparato burocrático ahí, el fondo se va a Dinadeco pero Contraloría dice que la capacidad de Cinadeco no da, la cámara siempre apoyará aquellos proyectos que generen impulso al sector”, finalizó Ruiz.
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El proyecto aún no ha sido sometido a votación en la Comisión Especial de Alajuela, liderada por Ulate.
El diputado Daniel Ulate acogió la propuesta y no se ha referido hasta el momento. Foto: Asamblea Legislativa.
