Paulo Villalobos
El ingreso irregular de teléfonos o accesorios a cárceles derivó en la apertura de 77 procedimientos administrativos contra funcionarios de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) entre 2016 y 2019.
De ellos, 17 acabaron con despidos, 30 en suspensiones y 30 más permanecen en curso, según informó el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
52 de los 77 funcionarios son Policías Penitenciaria.
“El ingreso de celulares a los centros penitenciarios no es permitido debido al riesgo de comercialización. En el caso de los empleados, en muchos casos la carga probatoria no permite concluir la existencia de complicidad para la comisión de un delito.
“Por eso se aplican suspensiones que van de 1 a 30 días, en el caso de los policías penitenciarios, y de 1 a 15 días en el caso de otros funcionarios administrativos. Cuando se demuestra un dolo, se procede con el despido”, comentó la jefa del Departamento de Asesoría Legal, Lorena Ortega.
Ortega recordó el caso de funcionarios que por error se llevaron entre sus pertenencias un cable USB o un chip.
“En todos los casos hay que abrir un debido proceso. Si queda en evidencia que obedeció a un descuido, igual se abre una investigación y si es del caso, se sanciona como una falta laboral sin dolo”, enfatizó la jurista.
Cada investigación tarda entre dos y cuatro meses en resolverse.
Las pesquisas hasta ahora no alcanzaron para vincular a los trabajadores con actividades delictivas derivadas del uso de los aparatos.
Casos incrementan
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, señaló en una nota de prensa que la cantidad de funcionarios investigados viene al alza.
Un ejemplo de ello es que en todo 2018 se abrieron 17 pesquisas, mientras que en lo que va del año se iniciaron 30.
En días pasados, un funcionario de mantenimiento fue detenido con 10 celulares ocultos entre sus herramientas.
Paulo Villalobos
