Paulo Villalobos
Los casos de crueldad y muerte por maltrato animal en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dependen desde una necropsia semanal gratuita en una universidad privada, hasta de los esfuerzos de funcionarios para conseguir la ayuda de un veterinario.
Esta tarde, el director de la institución, Wálter Espinoza, se quejó – una vez más – del vacío presupuestario que enfrentan para atender las investigaciones, tras las reformas del Código Penal y la Ley de Bienestar Animal.
El jerarca reiteró que los cambios aprobados en el 2017, introdujeron un nuevo paradigma a la institución, que incluye la atención de tres nuevos tipos penales:
- crueldad animal
- debilitamiento persistente de su salud
- amputación de un miembro o sentido
- dolor intenso o agonía prolongada
- penetración oral, vaginal o anal
- fines investigativos sin autorización previa
- muerte animal
- pelea animal
La norma no contempla una fuente de recursos. El OIJ echa mano de la voluntad de sus investigadores; aceptan colaboraciones de especialistas y organizaciones no gubernamentales; y acuden a un convenio para hacer una autopsia por semana en la Universidad San Francisco de Asís.
La partida es necesaria para que personal especializado realice pericias en animales, exhumaciones, atención de víctimas y traslado de cadáveres. Actualmente, perros y gatos asesinados se conservan en hieleras.
El 18 de diciembre de 2019, El Observador dio a conocer que la cantidad de denuncias se cuadriplicó en los últimos tres años, sin que se dotara de recursos frescos a la Policía Judicial.
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Todas las denuncias fueron atendidas y se remitieron informes en todos los casos al Ministerio Público. “A nivel policial todos se concluyen. Se emite un informe en todos. En todos se visita el lugar. En todos se trata de hacer una investigación. Obviamente se trata de rescatar al animal”, dijo.
“Sí hay necesidad de hacer alguna experticia. Los compañeros que atienden este tipo de asuntos se preocupan por tratar de ver quién puede ayudarnos. (…) Es una especie de mendecidad policial o una especie de limosna en algunos casos que tenemos que pedir para que veterinarios de buen corazón y con muchísima disposición nos colaboren”, agregó Espinoza.
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Administrativo, no judicial
El jerarca del OIJ reiteró los reclamos por falta de recursos para investigar el maltrato animal. (Paulo Villalobos/El Observador)
Esta ley surge como consecuencia de una necesidad. Quizás no se visualizó que debió haberse pasado al ámbito administrativo y que pensar siempre en delitos no resuelve los problemas. Más bien, lo que pasó en este caso es que se trasladó un problema muy grave al Organismo de Investigación Judicial, muy grave al sistema de administración de la justicia y que no ofrece ninguna solución, luego de pasados tres años, prácticamente.
Para Espinoza hubiese sido más provechoso reforzar el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en vez de crear tipos penales.
Explicó que el tipo de pruebas que se requieren son más exigentes en la segunda de las vías, por estar en discusión la libertad de las personas.
“(El ámbito administrativo) es menos riguroso desde el punto de vista pericial. O sea, se puede tomar una decisión sobre la base de datos diferentes a los que están en el ámbito de lo penal. Pero adicionalmente, el proceso penal es proteccionista. Tiene una serie de capas y de pasos que lo hacen muy caro y muy dilatado en el tiempo”, añadió.
De acuerdo con Espinoza, en 2017 se elaboró una estimación de los recursos que requería el OIJ para atender los casos de crueldad animal que era de entre ¢4.000 y ¢6.000 millones. No obstante, el jerarca reconoció que la cifra ahora le resulta descabellada, en el tanto que la cantidad de denuncias es menor a la prevista.
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Paulo Villalobos
