Paula Ruiz
El Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN) y la fracción legislativa del Partido Restauración Nacional (PRN) consideran que el proyecto que pretende reducir las jornadas laborales en el sector público es inconstitucional.
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, pretende aplicar un 15% de reducción de jornada a empleados con un salario de al menos ¢1,5 millón de mensual durante un período de 12 meses.
Quedaría excluido el personal que labora en el Ministerio de Salud, la CCSS, la Comisón Nacional de Emergencias (CNE), el Cuerpo de Bomberos, cuerpos policiales y cárceles.
Para los liberacionistas, la propuesta sería inconstitucional al establecer excepciones para su aplicación.
“Se prevé podría tener roces de constitucionalidad al hacer una discriminación odiosa en detrimento del principio de igualdad”, señaló el grupo político.
OBSERVE MÁS: Diputados reacios a proyecto de reducción de jornada en sector público
“El proyecto no expresa como será aplicada la reducción salarial en el cálculo de las pensiones de los funcionarios”, agregó.
Otras preocupaciones tienen que ver con los montos que dejarán de percibirse por impuesto sobre la renta, cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras cargas sociales.
Mal elaborado
Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional, aseguró que el proyecto envió una iniciativa deficiente y “tan mal elaborada”.
Como vocera de la bancada, también apuntó a la no estimación en pérdidas por renta, cuotas obrero-patronales y Fodesaf.
“El Ejecutivo no ha cuantificado el impacto que tendría esa rebaja salarial sobre los programas de combate a la pobreza que administra Fodesaf¿, pues de los salarios de los trabajadores públicos se deduce un 5%, por lo que también disminuiría el aporte que hacen a este fondo”, declaró.
Dentro de las objeciones está el hecho de extender durante 12 meses la aplicación del rebajo y no igual que en sector privado, donde se aplicarán rebajas por hasta seis meses. Sin embargo, Rodríguez no objetó en su comparación que, el sector privado aplica reducción de jornadas de hasta 75%.
La jefa de fracción y el PLN, apuntan a la exclusión de diputados y miembros de Juntas Directivas, que reciben su salario mediante dietas.
“La propuesta contiene problemas de constitucionalidad, específicamente por violación a los principios de razonabilidad proporcionalidad e igualdad”, indicó la restauracionista.
“Nosotros tenemos claro que todos los costarricenses debemos colaborar para salir de esta crisis pero no en la forma que lo ha planteado el Gobierno”, justificó Rodríguez.
