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Estados Unidos sanciona a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua

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(Washington). Estados Unidos sancionó el jueves a Rafael Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, por lavado de activos y corrupción en detrimento del pueblo nicaragüense, informó el Departamento del Tesoro.

“Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. El Tesoro está apuntando a Rafael y las compañías que posee y usa para lavar dinero para apuntalar el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al anunciar las medidas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también incluyó en su lista negra a dos compañías bajo la égida de Ortega Murillo: Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A.

Además, la OFAC sancionó a la empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), una cadena de estaciones de servicio gestionada por Ortega Murillo y su madre, la vicepresidenta.

El Tesoro dijo que Ortega Murillo usa Inversiones Zanzíbar S.A. para ocultar la transferencia de ganancias de DNP y como compañía fachada para adquirir estaciones de servicio y eludir las sanciones económicas contra el gobierno de sus padres.

Según las autoridades estadounidenses, a principios de 2019, Ortega Murillo diversificó los activos de la familia Ortega comprando estaciones de servicio a nombre de testaferros.

Ortega Murillo también controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una empresa de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales y sirve a las empresas familiares de Ortega, dijeron.

Las sanciones del Tesoso suponen el bloqueo de todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Estados Unidos mantiene una política de presión máxima al gobierno de Ortega, al que acusa de abusos de derechos humanos, corrupción y fraude electoral, y aboga por un “retorno a la democracia” en Nicaragua a través de elecciones “anticipadas, libres y transparentes”.


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