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Estas son las 2 razones por las que denunciaron penalmente a los magistrados

Intentar salirse de las regulaciones salariales que introdujo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas les costó una denuncia…

Por Tomás Gómez

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Estas son las 2 razones por las que denunciaron penalmente a los magistrados
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Intentar salirse de las regulaciones salariales que introdujo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas les costó una denuncia penal a 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Se trata del grupo de magistrados que aprobaron no aplicar los ejes relativos a las anualidades y otros incentivos.

El proceso fue iniciado esta mañana por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz, quien adujo que “debe quedar claro que en Costa Rica no hay nadie por encima de la ley, ni los propios magistrados”. 

Un par de razones

Consultado por El Observador, Muñoz fundamentó la decisión en dos puntos específicos:

  • Ilegalidad: según el legislador la medida le pasa por encima al Plan Fiscal, lo que sería contrario al Ordenamiento Jurídico. “Nadie puede otorgar beneficios laborales en contra de la ley”, señaló el legislador.
  • Beneficio propio: “nadie emitir actos administrativos que le beneficien”, planteó Muñoz. A su criterio, los jueces aprobaron mediada

“Estamos hablando de delitos penales”, dijo el legislador. 

Según él, pese a su cargo, los magistrados no están exentos de responder a la justicia y existen procedimientos que permiten su juzgamiento. 

La justicia vuelve a apelar a su independencia

Desde su discusión, el Plan Fiscal recibió el rechazo de la Corte Suprema de Justicia.

Por 11 votos, el cuerpo de magistrados señaló en octubre que la normativa afectaba su ordenamiento y funcionamiento, intentando así que se variara la legislación para el Poder Judicial.

La Sala Constitucional, por su parte, no encontró problemas en el texto aprobado el cual entró a regir desde diciembre anterior.

Ahora, los altos jueces vuelven a tomar distancia de la mencionada ley, sustentándose en que así se los permite en Estatuto del Servicio Judicial.